El abogado y presidente de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, ha denunciado este miércoles en Prada que las políticas de memoria impulsadas por el Estado y, ahora también, la futura ley catalana de memoria "no garantizan una reparación efectiva" a los ciudadanos y entidades que sufrieron confiscaciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Cruanyes ha hecho estas consideraciones este miércoles en el marco de la 58ª edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en la ponencia 'La reparación de las requisas del patrimonio cooperativo catalán'. Más allá de las palabras, los hechos'. El presidente de la Comissió de la Dignitat ha puesto el foco especialmente en el patrimonio de las cooperativas, mutualidades, cofradías y otras entidades del movimiento asociativo catalán que fue confiscado durante la dictadura. Cruanyes ha recordado que entre los años 1978 y 1979 la Generalitat restaurada elaboró un inventario del patrimonio requisado entre 1939 y 1943. Según ha explicado, aquel documento, depositado en el Arxiu Nacional de Catalunya, es una muestra de la voluntad inicial de las instituciones catalanas de reparar las injusticias cometidas por el franquismo.
"¿Qué se ha hecho de aquella voluntad de hacer justicia y reparación?", se ha preguntado Cruanyes, que ha lamentado que este espíritu se haya ido perdiendo con el paso de los años. "En aquel momento, la Generalitat restablecida era consciente de su continuidad jurídica y política con la Generalitat republicana y trabajaba como un auténtico gobierno. Es un espíritu que hoy echo de menos", ha afirmado. Cruanyes ha situado su denuncia en el marco del derecho internacional y de la justicia transicional. Ha recordado que las Naciones Unidas han establecido los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como elementos fundamentales ante vulneraciones graves de los derechos humanos. En este sentido, ha subrayado que la reparación no puede limitarse a reconocimientos simbólicos, sino que debe incluir, cuando sea posible, la restitución de los bienes confiscados o una compensación económica.
Una legislación "discriminatoria"
El abogado ha criticado especialmente que el Estado español haya aprobado normas específicas para restituir los patrimonios confiscados a partidos políticos y sindicatos, pero que no haya establecido un mecanismo equivalente para los particulares y las entidades asociativas, cooperativas y mutualistas. Ha recordado que la Ley 43/1998 estableció la restitución o compensación de los bienes requisados a los partidos políticos durante el franquismo, una norma que posteriormente se amplió. También ha citado las medidas aprobadas para restituir los patrimonios confiscados a los sindicatos, con indemnizaciones y devolución de edificios.
En cambio, ha lamentado que "no hay ninguna ley referente a la restitución del patrimonio de los particulares ni a asociaciones, entidades cooperativas o mutuas", más allá de casos concretos. Según Cruanyes, esto ha creado una situación "discriminatoria" en la que determinadas víctimas han sido reparadas mientras que otras han quedado fuera de cualquier mecanismo efectivo. El presidente de la Comissió de la Dignitat ha recordado también las conclusiones de diferentes relatores de las Naciones Unidas, que han señalado las carencias del Estado español en materia de restitución y reparación. Entre estas, ha destacado la falta de medidas específicas para atender las peticiones relacionadas con los bienes confiscados a particulares.
Críticas a la ley estatal de memoria
Cruanyes ha centrado buena parte de su intervención en la ley de memoria democrática estatal, que considera insuficiente para garantizar la reparación patrimonial. Según ha explicado, la norma habla del "resarcimiento" de los bienes confiscados, pero deja la concreción de este derecho para un desarrollo legislativo posterior. El abogado ha cargado especialmente contra el hecho de que la norma establezca mecanismos de reconocimiento, pero no asegure, según su interpretación, ningún efecto indemnizatorio. Ha definido esta situación como una "reparación sin reparación", un "auténtico oxímoron".
También ha puesto como ejemplo la respuesta de la Fiscalía de Memoria ante una consulta sobre el dinero republicano entregado obligatoriamente al Banco de España en 1939. Según Cruanyes, la Fiscalía habría dejado claro que un eventual procedimiento solo podría servir para obtener una declaración judicial sobre los hechos, pero no generaría ningún derecho a indemnización, restitución o reparación económica. Por eso, ha cuestionado que el Estado pueda presentar los reconocimientos simbólicos a las víctimas como una respuesta suficiente. "Las medidas de memoria nunca pueden sustituir las medidas de justicia y reparación", ha defendido, haciendo suya la línea marcada por los relatores de la ONU.
"La futura ley catalana todavía está a tiempo"
Cruanyes también ha analizado el proyecto de ley de memoria que tramita actualmente el Parlament de Catalunya y que el Govern prevé aprobar este otoño. Según ha explicado, el texto ha evolucionado a raíz de las enmiendas presentadas por la Comisión de la Dignidad, pero todavía mantiene carencias importantes. En concreto, ha valorado positivamente que el pre-dictamen de la comisión parlamentaria incorpore mecanismos para investigar confiscaciones de papel moneda, depósitos bancarios, obras de arte y bienes inmuebles, así como fórmulas para facilitar el acceso a los registros de la propiedad y documentar posibles transmisiones fraudulentas durante la dictadura.
Sin embargo, ha criticado que el redactado no establezca de manera clara el deber de restitución de los inmuebles o bienes a sus legítimos propietarios. El texto prevé que el Govern determine "los plazos, las condiciones y las formas de compensación" en aquellos casos en que se acredite que la Generalitat es actualmente titular de bienes confiscados por el franquismo. Para Cruanyes, esta formulación es insuficiente. "No reconoce el deber de restitución de las propiedades a los legítimos propietarios y deja de lado a los ayuntamientos y otras entidades públicas que tengan bienes confiscados", ha advertido. El abogado ha reclamado que la futura ley establezca explícitamente que las administraciones públicas catalanas deben restituir los bienes expoliados cuando sea posible y compensar económicamente a los propietarios cuando la restitución material no sea viable.
El patrimonio cooperativo, en el centro de la reclamación
La ponencia ha puesto un énfasis especial en las cooperativas y las entidades mutualistas, muchas de las cuales desaparecieron durante la dictadura y no pudieron recuperar jurídicamente sus bienes después de la recuperación de la democracia. Cruanyes ha señalado que una parte de este patrimonio continúa en manos de administraciones o instituciones públicas. Ha citado casos como la Casa del Poble de Blanes o el Centre Obrer de la Sénia como ejemplos en los que la restitución de los inmuebles se ha podido producir parcialmente, a pesar de que todavía hay cuestiones pendientes.
En este contexto, ha defendido que la reparación no debería limitarse a los casos en que todavía existe la entidad original. Cuando una cooperativa o asociación ha desaparecido sin continuidad jurídica, propone aplicar una fórmula similar a la utilizada con el patrimonio sindical acumulado. La propuesta de la Comissió de la Dignitat es crear un "Patrimonio Cooperativo Histórico de Catalunya" con los bienes que no puedan ser restituidos a sus propietarios originales. Este patrimonio, según ha planteado Cruanyes, debería ser gestionado por representantes de las instituciones y del movimiento cooperativo y destinarse exclusivamente a actividades relacionadas con el cooperativismo.
"Sería un acto de justicia para aquellos cooperadores que construyeron este patrimonio con sus jornales, haciendo que continúe destinado al ideal cooperativo", ha defendido. Cruanyes ha terminado su intervención advirtiendo que todavía hay margen para modificar la futura ley catalana. "Todavía estamos a tiempo", ha afirmado, antes de reclamar que Catalunya no apruebe una norma que, a su parecer, no cumpla los principios internacionales de justicia transicional. "No queremos pasar como un país que ignora el derecho internacional de justicia y mantiene la impunidad del franquismo más allá de los 85 años que llevamos", ha concluido.