Nuevo paso. El presidente del grupo de Esquerra Republicana en el Parlament, Josep Maria Jové, y la portavoz republicana en el Parlamento Europeo, Diana Riba, declararán como testigos y afectados por el espionaje con el software Pegasus ante la titular del juzgado de instrucción número 20 el próximo 26 de mayo, según ha anunciado ERC este martes. Recientemente, la magistrada acordó de pedir al Gobierno que apruebe la desclasificación de documentos secretos, con el fin de aclarar si aprobó investigarles, tal como admitió con una veintena de personas, incluido Pere Aragonès, cuándo era vicepresidente. Así lo pidió el abogado de los republicanos, Andreu van den Eynde, a fin de que el interrogatorio a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que la magistrada ha aprobado, pero por ahora en calidad de testigo, sea fructífera y no se acoja que la información es secreta.
La titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha acordado hacer una exposición razonada para pedir al Consejo de Ministros que desclasifique información secreta relacionada sobre el uso del software Pegasus a los dos republicanos investigados. Por ahora, se desconoce si la magistrada María Eva Moltó lo ha realizado. La investigación del Catalangate detalló que se investigaron hasta 65 personas, con software que solo tienen los gobiernos.
Investigaciones encalladas
El Gobierno detalló en una reunión reservada que el CNI había tenido el aval judicial para espiar independentistas catalanes, sin argumentar motivos ni nada. Paralelamente, la Audiencia Nacional tiene la investigación secreta desde el 2017, que dericó en distintas piezas, una de ellas para aclarar los organizadores de Tsunami Democrático, que impulsaron grandes movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes. Se sostiene que el juez de la Audiencia Nacional ha aprobado que se intervengan los teléfonos de muchas personas por su actividad a favor de la independencia de Cataluña. Paralelamente, las distintas querellas presentadas por el espionaje a integrantes de la CUP, Òmnium y el ANC a los juzgados de Barcelona no avanzan.mari que solo tienen los gobiernos.
Jové, pendiente del juicio en el TSJC
Además de esta causa como víctima, Josep Maria Jové pronto será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusado de ser uno de los organizadores del 1-O cuando era secretario general de Economía y Hacienda. Precisamente, la jueza del caso Pegasus ha pedido al TSJC tener uno de los móviles intervenidos de Jové, y que ya fueron analizados, para aclarar si fue espiado.
En la causa del TSJC, la Fiscalía Superior de Cataluña pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové; 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación de fondo, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
Por el contrario, la abogada del Estado rebaja la petición de condena a Jové: le pide 3 años y 6 meses de prisión, 7 años de inhabilitación a cargo público y una multa de 30.000 euros por los delitos de malversación de fondo —en este caso atenuada— y desobediencia, y no acusa a Salvadó.