La propuesta de renta garantizada de ciudadanía hecha por el Govern prevé que, a partir del 2020, una pareja con un hijo sin ningún ingreso pueda disponer de una ayuda de 1.000 euros mensuales. Así, el primer miembro de la familia recibiría la totalidad del índice de renta de suficiencia de Catalunya, fijado en 660 euros, el segundo, la mitad, y 75 euros por cada hijo. Una parte, sin embargo, estaría acondicionada al seguimiento de programas de inserción. Lo ha contado la consellera de Treball, Afers Socials y Famílies, Dolors Bassa, en una entrevista en ACN, donde ha recalcado que las cifras pueden variar en las negociaciones con los promotores de la ILP y los grupos parlamentarios. Bassa confía en llegar a un acuerdo para ponerla en marcha en verano de manera gradual.

Una renta garantizada de ciudadanía para personas sin ingresos que permita a una pareja con un hijo disponer de 1.000 euros al mes, a partir del 2020. Esta es la idea que defiende la consellera de Afers Socials y Famílies, Dolors Bassa. Bassa ha contado que la primera persona de la unidad familiar cobraría el 100% del índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), unos 660 euros, mientras que el segundo recibiría la mitad de estos y el hijo, 75 euros. Una parte de esta cifra, entre 100 y 200 euros, es un complemento acondicionado al seguimiento de programas de reinserción social y laboral y se revisaría después del primer año.

El 100%

A pesar de que estas cifras pueden variar en la negociación que hay sobre la mesa con las entidades promotoras de la ILP y los grupos parlamentarios que son favorables, Bassa está convencida de que se podrá llegar a un acuerdo próximamente para ponerla en marcha a partir del verano. Si fuera así, se podría empezar con un 80% del IRSC y se iría incrementando de manera gradual en cuatro años para llegar al 100% en el 2020.

El modelo, en cambio, según Bassa, ''está consensuado''. Por eso destaca el ''suelo social'' que llegaría a todas las personas sin recursos y el complemento susceptible a revisión si la persona beneficiaria no sigue los planes de inclusión social o de ocupación. En este sentido, Bassa defiende que la renta garantizada ''ha de ser para no quedarse siempre'' sino una herramienta para ''hacer el paso en el mundo laboral''.

Renta garantizada

Para ponerla en marcha, el Departamento de Treball, Afers Socials y Famílies cuenta con un presupuesto que incluye los 170 millones de euros de la renta mínima de inserción actual, y se añadirían 70 millones de euros más para llegar a la renta garantizada de ciudadanía. Según los cálculos del Departamento, los 28.397 titulares actuales de la RMI se duplicarían con la renta garantizada y superarán a las 60.000 una vez implementada totalmente en el 2020. Con este presupuesto, los 240 millones de euros, se haría frente a las prestaciones, pero también a las políticas de orientación laboral y al refuerzo de la inspección de trabajo, ya que Bassa considera que la puesta en marcha de esta ayuda no tiene que variar el mercado laboral.

La renta garantizada de ciudadanía es, asegura Bassa, un compromiso del Govern y sustituirá precisamente la RMI. Bassa considera que la actual cartera de servicios está obsoleta y que por eso hace falta compactarla y poner de nuevos a través de l'Agència de Protecció Social, en la que ya se está trabajando actualmente.