Un resquicio entre la Ley Electoral y el Reglamento del Parlament podría abrir la puerta al mantenimiento del escaño de Irene Rigau hasta que la sentencia de inhabilitación sea firme. Los letrados están estudiando los diferentes escenarios, dado que se trata de una situación sin precedentes, pero es probable que finalmente sea la Mesa quien tenga la última palabra.
La diferencia entre uno y otro texto es el hecho que la sentencia sea o no firme. La Loreg en el artículo 6 establece como condición de inelegibilidad pero también de incompatibilidad de un diputado el hecho de tener una "condena por sentencia, aunque no sea firme, por delito de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado."
Por el contrario, el Reglamento de la Cámara señala en el artículo 24 como causa de pérdida de la condición de diputado "la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme".
En este espacio se sitúa el margen de movimiento del Parlament. Y, en concreto de la Mesa. Todo se pondrá en marcha a partir del momento en que la Cámara catalana reciba la comunicación de la sentencia del TSJC, que todavía no ha recibido.
Una vez sea formalmente comunicada, la pelota quedará en manos de la Mesa, dado que es el órgano de gobierno del Parlament quien convoca a los diputados al pleno. Sería, pues la Mesa quien decidiría convocar o no la diputada.
La decisión que se adopte será extraordinariamente importante dado que marcará el precedente para futuras posibles inhabilitaciones, como la de la presidenta, Carme Forcadell.
Fuentes de JxSí aseguran que esta misma mañana la diputada Rigau se habría reunido con el presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Según estas fuentes, la ANC habría mostrado el apoyo a la diputada en caso de que esté dispuesta a plantar cara a la decisión del TSJC.