Una de las medidas estrella del Gobierno para apaciguar el fuego del Catalangate vuelve a ser aplazada. Se trata de la reforma de la ley de secretos oficiales, la cual tenía que sustituir la normativa anterior, vigente en la actualidad, que fecha de 1968 y que lleva la firma de Luis Carrero Blanco. En un primer momento, el anteproyecto se tramitó rápidamente el mes de agosto, pero desde entonces este impulso inicial ha quedado atrás.

Según El País, hay fuentes gubernamentales que apuntan que los pocos meses que quedan hasta las elecciones generales hace que no quede tiempo para tramitar la reforma de esta ley. Además, el Gobierno no tendría la reforma de esta norma en su lista de prioridades.

Aunque al principio de la tramitación incluso se aplicó un procedimiento de urgencia y se redujo a solo siete días hábiles, el anteproyecto se estancó cuando llegó a los turnos consultivos del Estado y todavía está pendiente el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, la reforma de la normativa todavía tendría que pasar por el Congreso y el Senado, un coste político que el Ejecutivo español no estaría dispuesto a asumir.

No es la primera vez que se da una situación similar. En las últimas décadas, se ha intentado reformar esta ley media docena de veces, cabe con éxito. El último intento fallido fue el año 2016.

El contenido de la reforma

Del anteproyecto de la ley de secretos oficiales que se dio a conocer en verano destacan algunos aspectos. Por ejemplo, se fijarían hasta 50 años para guardar los "altos secretos" de estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia.

Habría cuatro categorías que se implantarán con la nueva ley, marcan el tratamiento que recibirá cada información. La denominación será anteproyecto de ley de información clasificada, y fijará cuatro categorías de protección: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La manera de clasificar la información en estas cuatro categorías no será arbitraria, ya que las cuatro etiquetas para los secretos de estado se han elaborado según las normas comunes entre los socios de la UE y la OTAN.

Hasta ahora era Defensa la autoridad responsable de la información clasificada en España, pero el anteproyecto otorga ahora esta competencia al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Corts y Memoria Democrática, al frente de la cual está ahora Félix Bolaños. Desde el Gobierno justifican este cambio repitiendo que es un movimiento que también se alinea con lo que pasa a la gran mayoría de países de la UE y la OTAN porque se trata de un departamento transversal y de coordinación interministerial.