En los últimos minutos de este curso político, el Consejo de Ministros de este lunes tramitará este lunes el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que incorporará cuatro categorías, fijará hasta 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia, según informa Efe. Esta nueva normativa sustituirá la ley anterior que fecha de 1968 y que lleva la firma de Luis Carrero Blanco.

Las cuatro categorías que se implantarán con la nueva ley marcan el tratamiento que recibirá cada información. La denominación será anteproyecto de ley de información clasificada, y fijará cuatro categorías de protección: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. En función de la etiqueta que se otorgue a cada información clasificada, los plazos para desclasificarla irán desde los cuatro años para la información restringida, hasta 50 para los altos secretos.

Según adelanta el Gobierno, la forma de clasificar la información en estas cuatro categorías no será arbitraria, pues las cuatro etiquetas para los secretos de Estado se han elaborado según las normas comunes entre los socios de la UE y la OTAN. Desde La Moncloa se remarca que en todo este proyecto se trata de adaptar el tratamiento de la información clasificada al ordenamiento constitucional.

Protagonismo del Ministerio de Presidencia

La ley establece una autoridad nacional para la protección de la información clasificada, con competencias, entre otras, de garantizar el cumplimiento de la normativa, de coordinación y apoyo de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia. Hasta ahora era Defensa la autoridad responsable de la información clasificada en España, pero el anteproyecto otorga ahora esta competencia al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, al frente de la cual está ahora Félix Bolaños.

Desde el Gobierno justifican este cambio repitiendo que es un movimiento que también se alinea con lo que pasa en la gran mayoría de países de la UE y la OTAN, porque se trata de un departamento transversal y de coordinación interministerial. Sin embargo, después del gran enfrentamiento público que mantuvieron los dos titulares de estos ministerios a raíz del caso del CatalanGate, la pérdida repentina de competencias de Margarita Robles levanta sospechas. Desde La Moncloa ya se avanzaban estas sospechas y se ha afirmado que este cambio no ha despertado malestar en el Gobierno.