En medio de la crisis catalana, y pese a la mirada puesta en los comicios del 21-D, la reforma de la Constitución nacía muerta este miércoles en el Congreso, primero, ante la ausencia de independentistas (ERC, PDeCAT), nacionalistas (PNV) y partidarios del derecho a decidir (Podemos) en la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico; y segundo, debido a la negativa de Partido Popular y Ciudadanos a reformar la Carta Magna para dar salida ahí al conflicto con Catalunya –aunque consensuar la reforma fue pactado con Mariano Rajoy, según el PSOE, antes de su apoyo al artículo 155.

"No venimos a ceder o a premiar de ninguna manera a quienes han llevado a cabo el mayor desafío a la democracia española en la última década" denunciaba el portavoz del PP José Antonio Bermúdez de Castro, quien se mostraba satisfecho de que el órgano sirviera para una revisión del Estado autonómico, "un modelo de éxito", de modo que no aceptaba el "apriorismo" de ceder ante su modificación. Bermúdez de Castro clarificaba así la postura de Rajoy este martes en la COPE, donde reconoció sus reticencias a la reforma constitucional, no a la evalución, y resaltó que había que pensar en "47 millones de españoles, no en 17 comunidades y menos en una".

Pero la evidencia supuso un golpe en la línea de flotación socialista, después de que el secretario general Pedro Sánchez abrazara la apuesta plurinacional –en el sentido cultural y no de derecho a decidir– dentro de la reforma federal. Precisamente, consensuar una oferta política en la Carta Magna es lo que Sánchez esperaría de Rajoy, a cambio del 155. Lo recordaba la portavoz Adriana Lastra, exponiendo que, acabada la evaluación en seis meses, se abriría la posterior subcomisión para la reforma constitucional. Lastra diferenciaba ahí la mejora del sistema de financiación autonómica, tarea que le corresponde al Gobierno y no a la comisión.

Así las cosas, el PP no estaba solo, de nuevo, en el rechazo a complacer a los independentistas. Albert Rivera hacía semanas se negaba a modificar la Carta Magna para "acontentarles", pues en todo caso, su apuesta pasa por concretar competencias de Estado y autonomías y evitar conflictos de esa índole. Lo reiteraba el portavoz de la formación Ignacio Prendes afirmando que se llegaban a la comisión "con muy pocas esperanzas y expectativas muy bajas", pues ese espacio no podía ser "pista de aterrizaje de los secesionistas que han planteado un reto a la democracia", denunciaba.

La cuestión es que el acercamiento de los populares a las tesis de Cs se producía justo la semana posterior a que el expresidente José María Aznar señalara el camino al PP de la línea dura con Catalunya –mediante una entrevista en la SER. Aznar retomaba el argumento sobre no buscar la satisfacción del soberanismo pues una España federal "es menos que una España autonómica". Todo ello, una vez constatados los réditos electorales que el CIS daba al partido de Rivera, caracterizado por ser muy crítico cono todo aquello relativo al nacionalismo –incluso, con el cupo vasco.

Ante ese escenario, el PSOE no únicamente se quedaba solo en la idea de "satisfacer a una parte de la sociedad española y catalana" –como defienden con el doble referéndum: el de la Constitución y el del Estatut. También se quedaba aislado físicamente después de que Podemos, ERC, PDeCAT y PNV renunciaran a estar presentes, debido a la gestión de Rajoy de la crisis y del apoyo de los socialistas al 155. Este, un rechazo a participar de una comisión que ya nacía muerta en el objetivo de ofrecer una alternativa al estatus quo ante el primer problema político del Estado, y a las puertas de un reñido 21D.