La retirada del acta de diputado al president de la Generalitat ha sentenciado de muerte una legislatura que ya respiraba con dificultad. La decisión de la Junta Electoral Central, instada por Cs y el PP, certificó el divorcio entre JxCat y ERC. Cuando Quim Torra supo que el Parlamento asumía que debía apartarle del escaño, anunció que convocará elecciones. Desestimada la desobediencia, ahora la cámara catalana ha activado la vía reglamentaria para intentar restituir al president como diputado: la presentación de un recurso al Tribunal Supremo. Una impugnación que, a raíz de su redactado inicial, abrió una nueva polémica entre los socios independentistas. Finalmente, como ya avanzó ElNacional.cat, los letrados del Parlament han reescrito el recurso.

El pasado 16 de enero los servicios jurídicos presentaron ya un escrito en el Supremo, avalado por la Mesa, en el cual pedían que como medida cautelar se levantara la orden de apartar Torra. Uno de los argumentos que se exponía encendió Junts per Catalunya, porque se cuestionaba si el hecho de perder la condición de diputado podía afectar a su cargo de president.

El tribunal no aceptó el recurso. Respondió a la cámara catalana que para que fuera admitido, debía validarlo el pleno del Parlament, es decir la mayoría de diputados. Así se aprobó en el primer pleno de febrero, con el apoyo de JxCat, ERC, CUP y comunes y la abstención del PSC.

El texto aprobado en el pleno acordó "interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la JEC de 3 de enero por el cual se declara que concurre en el MHP Quim Torra la causa de inelegibilidad sobrevenida". Es el argumento que, una vez el TSJC condenó a Torra a un año y medio de inhabilitación, motivó la petición de Cs y el PP a la Junta Electoral para apartarle de forma inmediata a pesar de que la sentencia aún no fuera firme porque está pendiente de recurso. 

En paralelo, Roger Torrent comunicó al president que, después de que el Supremo diera la razón a la JEC, no podía seguir computando su voto como diputado porque hacerlo ponía en riesgo las votaciones en que participara, que pasaban a ser susceptibles de ser impugnadas. 

El escrito presentado ahora es el mismo que en enero, pero elimina la petición de medidas cautelares. De esta manera, desaparece la controvertida referencia sobre la posibilidad de interpretar que Torra no puede seguir como president si ya no es diputado. A finales de enero, el Supremo ya desestimó las cautelares que solicitó directamente el president Torra, en las cuales pedía que se suspendiera su inhabilitación como diputado hasta que la sala no resolviera definitivamente sobre el fondo de la cuestión: la condena del TSJC por desobediencia.