La defensa de Carme Forcadell ha presentado un recurso a Pablo Llarena contra la pieza separada que se ha abierto y que afecta a los procesados que están en el exilio. Argumenta que vulnera su derecho a defensa y de los mismos procesados y aprovecha para criticar que el magistrado ha puesto por delante el criterio de oportunidad al de legalidad en el momento de dictar y retirar las órdenes de detención el mes de diciembre pasado.

El recurso advierte que el "criterio de oportunidad se hacía en base a favorecer las acusaciones personadas", la fiscalía, la abogacía del Estado y VOX, ya que "posibilitaba el enjuiciamiento de los procesados por todos los delitos". "La aplicación de este criterio de oportunidad vulnera de manera efectiva los derechos de las defensas del resto de procesados", prosigue el recurso, "porque se les ha impedido interrogar a los investigados afectados por esta decisión entre los que se encuentran, por ejemplo, la persona que ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat", Carles Puigdemont.

La abogada Olga Arderiu expone que la retirada de las órdenes también afecta "al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes imposibilitando la participación de un gran número de investigados, así como el interrogatorio de los mismos durante la fase de instrucción" y recuerda que los procesados manifestaron su voluntad de declarar por videoconferencia.

También recuerda parte del auto de Llarena para retirar las órdenes de detención donde argumentaba "que la depuración de las diferentes responsabilidades penales se tiene que llevar de manera unificada, pues de otra manera podría romperse la contingencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los diferentes partícipes". Y remarca la necesidad de mantener unificado el proceso.

El recurso de Forcadell denuncia que la pieza separada limita a "las representaciones de los procesados afectados su participación" en el procedimiento y el inconveniente que eso supone "para la correcta aclaración de los hechos".

Las pruebas del 13

El recurso de Carme Forcadell se presenta contra la providencia que dictó Pablo Llarena el viernes pasado, donde además de abrir la pieza separada por los exiliados, pedía una serie de pruebas al juzgado de instrucción 13, muchas de las cuales en referencia a Josep Mª Jové, mano derecha de Oriol Junqueras en Economia.

Sobre la instrucción del juez 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, dice que se trata de una "causa general" contra el independentismo y que "genera un ámbito de investigación secreta y que es la excusa perfecta para monitorizar toda la actividad política del independentismo catalán durante el 2017 y hasta la actualidad". Y denuncia que el procedimiento del juzgado de instrucción 13 "es el instrumento de acumulación de pruebas con el que se servirán todos los otros procedimientos judiciales contra el independentismo".

"En el referido procedimiento existe una completa delegación de la investigación en la policía judicial que genera de facto una instrucción paralela extraprocesal, en la que no pueden participar las defensas", persigue el recurso. Y denuncia que "los interrogatorios efectuados en este juzgado se dirigen, en muchas ocasiones, a buscar pruebas de delitos y sobre personas sometidas a otros procedimientos".

Y es que, según la abogada, en el juzgado de instrucción 13 hay 20 testigos y declaraciones de 12 investigados a las que las defensas no tienen acceso. "La providencia del pasado 8 de mayo es un ejemplo de la existencia de un ámbito de actuaciones procesales ajenos al presente procedimiento, en el que únicamente el ministerio fiscal tiene la capacidad de intervención en las diferentes causas", denuncia el recurso que se presentó este domingo por vía telemática.