El ejecutivo de Mariano Rajoy intenta evitar que se legisle desde el Congreso y ha encontrado en la LOMCE la excusa para pararle los pies a la oposición. Este jueves la cámara baja española votó con una mayoría a favor la suspensión de la ley. Así las cosas, el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo, replicó afirmando que no lo haría pero a cambio dejaría sin efecto las reválidas. Ahora el Gobierno de Rajoy prevé pedir a la mesa del Congreso que lo reconsidere, y fuentes de Moncloa no descartan que el conflicto pueda acabar en el Tribunal Constitucional.

Según el portavoz Méndez de Vigo, la decisión se ampara en un derecho constitucional del Ejecutivo de vetar toda proposición de ley que suponga un aumento del gasto o una disminución de ingresos. Fuentes del Gobierno español añaden que paralizar la LOMCE podría tener un impacto de pérdida de 600 millones de euros de fondos europeos, adjudicados para su implementación. Por este motivo, Méndez de Vigo se queja de que el parlamento español no haya apreciado "correctamente" esta posibilidad y cree que se abre un plazo para que la mesa del Congreso lo reconsidere.

La idea subyacente en esta cuestión podría ser el intento de que el Estado no vea su obra demolida por el legislativo. Rajoy prevé la implantación de un Pacto Nacional por la Educación que sustituya buena parte de la propia LOMCE. Así y todo, permitir el gesto por parte del Congreso podría suponer un precedente estético para exhibir delante de la opinión pública que la cámara baja le anula su obra. Asimismo, es una exhibición de fuerza del ejecutivo con el fin de avisar al Parlamento que no habrá tolerancia en cuanto a futuras proposiciones de ley.

Pero al margen de la clave política que imprime el gesto, Méndez de Vigo no se cierra a "solucionar" la polémica en torno a las evaluaciones de Secundaria. El portavoz ha recordado que se reunirá el próximo 28 de noviembre con las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial. "Estos acuerdos los traduciremos en un decreto ley", apostilló el jueves en los pasillos del Congreso. Mientras, el ministro reivindica que dejará sin efecto las reválidas, como fórmula "más inmediata" porque la suspensión de una ley implica un largo procedimiento legislativo, que podría pasar pronto por el TC.