Complicidad y sintonía en la reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez este martes en la Moncloa, que ha durado 50 minutos y donde se pretendía abordar la respuesta a la investidura de Quim Torra y su promesa como 131º presidente de construir "una república para todos". Reunidos desde las 9.30 horas, el presidente del Gobierno y el secretario general socialista han acordado ofrecer una respuesta "pactada y propocional" ante el rechazo a que Torra intente poner en marcha "estructuras diferentes a las válidas" y compresas en la Constitución y el Estatut.

"Dada la situación creada con la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, su discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas, el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional a la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria enfrente de cualquier eventual desafío", han expuesto en un comunicado de prensa difundido por ambas partes. Por lo tanto, se prevé que el 155 vuelva a entrar en vigor si Torra desborda la legalidad, tal y como avanzaba este diario.

En segundo lugar, PP y PSOE han acordado que la "vigilancia en el cumplimiento de la legalidad" se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat "para garantizar que se destinen al cumplimiento de las finalidades de interés general para el que están previstos", en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en 2015, o sea, en la vigilancia que se efectuaba casi mensualmente por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El bipartidismo, sin embargo, no pierde la oportunidad de arrinconar visiblemente a Ciudadanos y su líder Albert Rivera, con quien Rajoy se reunirá el jueves a las 9.30 horas. "Este acuerdo está abierto a todas las fuerzas políticas constitucionales que dieron apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió la reparación de la legalidad infringida por el anterior Govern de la Generalitat. Asimismo está abierto a cualquier otra formación política que quiera mostrar su compromiso con nuestras instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico", expone.