El presidente Mariano Rajoy dice estar tranquilo y pide la misma tranquilidad a los ciudadanos españoles ante el avance de la hoja de ruta porque "sabe qué hacer" con Catalunya ante el 1 de octubre. Esta es la advertencia velada que el jefe del Ejecutivo ha hecho al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en los pasillos del Congreso, conforme se marchaba de la sesión de control. Rajoy lo ha dicho preguntado por si el Govern y el independentismo están cayendo en una presunta una escalada verbal, a la que no se sumará la Moncloa, como ha asegurado.
"Las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno, que puedo asegurar que está muy tranquilo y ya ha dicho que de ninguna de las maneras autorizará el referéndum ni permitirá que se celebre porque es claramente contrario a la ley, no le da apoyo absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los otros no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", ha asegurado. El Gobierno reconoce que hay un cruce de acusaciones, del que dice desmarcarse, por lo que afirma que su Ejecutivo "sabe perfectamente qué hacer" y es no alimentarlas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, ha replicado avivando la sospecha sobre que la Generalitat empezaría a presentar dudas sobre el referéndum. Aquí ha elevado el tono y ha dicho que cuando uno se embarca en una iniciativa "absolutamente ilegal y divisiva, acaba dividiéndose uno mismo". Santamaría ha llegado a acusar al Govern de representar a un conjunto de personas que ha decidido "estrellarse" y que quieren "arrastrar" al resto de la sociedad catalana. Esto le ha servido para sentenciar que el proceso soberanista "no da más de sí".
Este mismo martes, Santamaría también acusó al Govern de refugiarse en otros actores para "eludir" responsabilidades. Puso el ejemplo del 9-N y explicó que cuando el Tribunal de Cuentas reclama las sanciones económicas, se culpa a los interventores –como también se habría hecho en su momento con los voluntarios. Pero de cara al 1-O, la vicepresidenta acusó a Puigdemont de hacer lo mismo con los alcaldes. "Buscan voluntarios para firmar decisiones ilegales", denunció, tras decir que los consistorios eran "presionados".