"¿Un Estado que no fue capaz de encontrar miles de urnas el 1 de octubre cómo lo hará con el artículo 155?" comentaba una influyente personalidad del espectro mediático –y conocedor del tejido social soberanista–, después de que el Gobierno amenazara este martes con que la suspensión del autogobierno se mantendría aunque el president Carles Puigdemont convocara elecciones. "El Estado no se puede permitir otro error así" zanjaba uno de sus interlocutores, un político socialista. Este cuestionaba la legitimidad social (auctoritas) de Mariano Rajoy para implementar la medida y lo fiaba todo a que Puigdemont asistiera al Senado buscando un diálogo efectivo para impedir otra exhibición de fuerza (potestas) fallida como la del 1-O.

A pocos días de que se acabe el plazo para que la Moncloa se haga con el control de la Generalitat, el Ejecutivo aumenta la exigencia y avisa sobre que ya no solo se conformaría con unas elecciones autonómicas para volver a la legalidad constitucional. Al contrario, el mensaje de los ministros de Justicia y Fomento, Rafael Catalá e Íñigo de la Serna, se orientaba a advertir a Puigdemont sobre que la intervención de la autonomía se efectuara sin límite temporal y sin condición para "desinstalar" al Govern de la desobediencia.

La llama con que el ejecutivo quemaba las naves –antes de que se apruebe definitivamente dicho plan este viernes en el Senado y el sábado por Consejo de Ministros–, también incendió la calle Ferraz, con un PSOE que antes del verano aún mantenía el "no es no" al 155. La portavoz Margarita Robles se desmarcó del Partido Popular, en contra de que la medida se aplicara a pesar de la convocatoria electoral. Según los socialistas, eso solo sería tolerable en un escenario donde se declarara la independencia, seguida por elecciones "constituyentes".

Pero la gravedad del supuesto planteado por los ministros empujó al primer secretario del PSC. Miquel Iceta hizo un último llamamiento insistente para que Puigdemont aceptara la invitación del presidente del Senado Pío García-Escudero de celebrar un cara a cara con su homólogo español. Según Iceta, el mandatario catalán debería afirmar en la Cámara Alta que no declaró la independencia, como única vía para abrir el diálogo e interrumpir la suspensión de un autogobierno –medida que los socialistas catalanes avalan.

La cuestión es que el giro duro del gabinete ministerial alimentaba la hipótesis de una voluntad de poder encubierta con que tomar la maquinaria político-burocrática para resolver el conflicto "a golpe de derecho administrativo", según habría afirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ello incluso podría pasar por esperar a que la correlación de fuerzas cambiase y el independentismo fuese derrotado en seis meses vista en las urnas.

Estas sospechas se cimentaban en que fuentes de la dirección de Ciudadanos avisaban días antes que unos comicios podían ser tachados incluso de "galácticos", que eso supondría volver a la legalidad. El motivo era que, como llegó a defender el Gobierno, Catalunya no tiene una ley electoral propia y tendría que utilizar la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral). En segundo lugar, que el fiscal general, José Manuel Maza, preparaba hace unos días la querella, en caso de que el president de la Generalitat declarase la independencia, considerando, por tanto, que todavía no se ha declarado y que el requerimiento de Rajoy a Puigdemont solo habría servido a modo de argumento político para el 155.

Así las cosas, el escenario dibujado durante la jornada del martes chocaba con la forma como los fieles a Rajoy describen a su jefe. "No le gusta ganar 10-0" decía una personalidad de su entorno, en un intento de explicar que las tesis de "prudencia y proporcionalidad" con Catalunya no eran solo parte del relato. De hecho, fue el mismo presidente quien pidió al PSOE solo una abstención para salir de la ingobernabilidad –y no un pacto de gobierno con unos socialistas que habían decapitado a su líder en octubre de 2016 y a quienes podría haber exigido el más alto precio para evitar terceras elecciones.

Si bien, el órdago del ejecutivo podría suponer una estrategia con que amedrentar a Puigdemont para la rendición sin concesiones, tras laminar el escenario de una DI más elecciones constituyentes, que le costarían el 155 más una querella por sedición o rebelión. Una maniobra monclovita que llega curiosamente en paralelo a los rumores sobre que Rajoy no podría hacer efectivo dicho artículo, aún con el recuerdo de las urnas escondidas mediante la fuerza del tejido asociativo catalán, vulnerando los servicios de inteligencia del Estado.

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