Para un Gobierno que ha convertido la acción judicial en una forma de hacer política, incluso los recursos al Tribunal Constitucional esconden un significado. Como se anunció hace meses, Mariano Rajoy quiere esperar a que los presupuestos de la Generalitat, aprobados esta semana en el Parlament, se publiquen en el DOGC para pedir el dictamen al Consejo de Estado y presentar un recurso de inconstitucionalidad. La acción será complementaría a la ya anunciada entre Partido Popular y Ciudadanos por una parte, y la del PSOE por otra. Es decir, un triunvirato para mantener la judicialización del proceso y el "diálogo" con los tribunales.

El portavoz del ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, así ha informado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras manifestar perplejidad porque en la disposición adicional 31 haya dos enmiendas, una de Catalunya Sí Que Es Pot, contemplando un referéndum pactado, y una de la CUP, con el unilateral. "Es realmente singular", ha dicho De Vigo sobre este hecho. Por su parte, fuentes de la Moncloa tachan la situación "de esperpéntica" porque "ni siquiera los letrados del Parlament saben qué hacer con eso", añaden.

El leitmotiv del Gobierno sigue siendo que el diálogo con la Generalitat "no tiene fecha de caducidad", aunque nadie informa sobre si ha habido más reuniones secretas con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La consigna es que no habrá ninguna en público si es "para salir a bofetadas", según fuentes de Moncloa decían hace semanas, pues eso generaría malestar entre la ciudadanía. "Queremos hablar de temas que realmente preocupan a los ciudadanos, Si el Govern no le da importancia, el de España, sí", ha remachado el portavoz gubernamental.

La acción que se ha conocido hace unos días es que Rajoy estaría preparando presuntamente un paquete de infraestructuras concretas para Catalunya, como también para el resto de comunidades autónomas. El objetivo es ganar la batalla del "diálogo territorial" resultante de la conferencia de presidentes autonómicos. El proyecto podría pasar por reforzar la inversión en el Corredor Mediterráneo, como el portavoz ha dicho, ya que el miércoles pasado, en la sesión de control al ejecutivo central, el presidente español respondió a Albert Rivera (Cs) que esta vía sería "una prioridad".

Así las cosas, el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado un informe al respecto durante el Consejo de Ministros, sin concretar más detalles. "Era una exposición de carácter general", ha explicado De Vigo. Se prevé que el proyecto sea remitido a las Cortes el 4 de abril, y el ejecutivo central no afirma ni desmiente qué grupos podrían darle apoyo. Entre ellos, el PP dio apoyo a los del PNV en el País Vasco, Ciudadanos es el socio de investidura, y además, esta semana Nueva Canarias ha mantenido contactos con el ejecutivo.

Actualidad española aparte, de la catalana se ha profundizado menos. De Vigo ha evitado opinar sobre que la Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto una investigación al Govern para saber, a ciencia cierta, si la Generalitat está trabajando ya en el referéndum sobre la independencia. "Las decisiones jurisdiccionales no las comentamos. Hay 200 juristas de primer orden en Catalunya que se oponen", ha recordado. Y sobre el exministro José Manuel García-Margallo y los "favores" internacionales para atacar al proceso soberanista, silenzio stampa en la Moncloa.