El gobierno volverá a presentar para la aprobación en el Congreso el decreto de la estiba que hace dos meses la cámara baja tumbó, exhibiendo la soledad del Ejecutivo. Esta vez, si bien, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha asegurado de amarrar los apoyos necesarios. Al voto afirmativo del PNV y seguramente también de Ciudadanos –quién se desmarcó en la última ocasión para no aparecer como perdedor de la votación–, se han sumado las conversaciones con el PDeCAT, pero De la Serna se muestra ambiguo sobre el acuerdo que tendrían entre manos.

"Ha habido contactos, pero no he ido más allá" ha dicho el ministro, preguntado por El Nacional sobre cuál era la valoración del gobierno al respecto del entendimiento entre manos. La cuestión es que los demócratas están dispuestos a abstenerse para no obstaculizar la votación, si la nueva ley no supone un cambio en la manipulación de los vehículos en los puertos, que hasta ahora realizan los estibadores. El diputado Ferran Bel recordó que son una formación "europeísta", pero no querían que se introdujesen cambios en la legislación, "aprovechando" la obligación de validar el decreto.

De la Serna se ha pronunciado en estos términos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya que el ejecutivo central ha aprobado el decreto con las modificaciones introducidas, relativas a aquello que tumbó el Congreso. Se espera, en consecuencia, que sea remitidoa a la cámara a lo largo de las próximas semanas. Los cambios son los siguientes:

Primero, el Decreto modifica los requisitos para acceder a la profesión de estibador: suprime la obligación de tener que contar con un título de Formación Profesional – "dado que no hay ninguno específico para este oficio" – pero incluye la obligación de realizar prácticas profesionales. Se trata de un programa de 660 horas de prácticas, el 75% de ellas en los puertos y que gestionará Sepes, organismo dependiente del Ministerio.

Segundo, el texto introduce los cambios legales necesarios para que los estibadores sigan ocupándose de la manipulación de los vehículos que entran y salen de España por los puertos.

Tercero, en la disposición final tercera, el Decreto recoge el compromiso del Gobierno de aprobar un Real Decreto con los acuerdos laborales de la reforma.

El ministro recuerda que los acuerdos laborales que se incluirán en este texto suponen garantizar el empleo del colectivo de 6.150 estibadores de los puertos y articular medidas para realizar los ajustes de plantilla reclamados por la patronal, fundamentalmente mediante prejubilaciones a los 55 años con el 70% del salario. También contempla iniciativas para mejorar la competitividad de los puertos.

El desarrollo normativo por Real Decreto detallará asimismo las características de los centros portuarios de Empleo , las ETT en que se convertirán las sociedades de gestión de estibadores (SAGEP), que actualmente monopolizan la actividad.

Con la reforma de este sector el Gobierno pretende cumplir con la Unión Europea. En primer lugar, se evitaría pagar la multa de unos 25 millones de euros que acumula por la sanción que el Tribunal de la UE le impuso en diciembre de 2014 por contravenir la normativa comunitaria con el régimen legal de la estiba, y que se le imponga una segunda, de 134.000 euros diarios. Segundo, pretende liberalizar y romper el monopolio de facto en que actualmente se presta este servicio portuario, básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.