Ningún juzgado de Barcelona parece interesado en las querellas de los independentistas catalanes, con las que solicitan que se aclare quien los espió con el software Pegasus, propiedad del grupo israelí NSO. Han pasado dos semanas desde que Òmnium Cultural y la CUP presentaron sus querellas y todavía no tienen un juzgado asignado que examine sus peticiones. Este lunes se supo que el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, al recibir las querellas porque ya tiene una causa abierta contra Pegasus desde octubre de 2020 por dos líderes de ERC espiados, ordenó que los escritos de Òmnium y la CUP se enviaran al decanato para ser repartidos entre uno de los 33 juzgados de instrucción que hay en Barcelona. El mismo lunes, el gabinete de prensa del TSJC informó de que la querella de Òmnium ha recaído en el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona, el cual ya ha pedido a la fiscalía que, antes de la admisión a trámite, informe sobre la competencia. Con respecto a la querella de la CUP le ha tocado por reparto a la magistrada del juzgado de instrucción 22 de Barcelona, la cual recientemente ha devuelto la querella al titular del juzgado de instrucción 32, el magistrado José Antonio Cruz.
Así, mientras un juez de la Audiencia Nacional de Madrid solamente tardó un día en admitir a trámite la querella del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Margarita Robles, en los juzgados de Barcelona se pasan las querellas como una patata caliente. La Fiscalía de Barcelona ha informado que el fiscal especializado en delitos informáticos analiza las querellas de Òmnium y la CUP, confeccionadas por el abogado Benet Salellas, para informar si considera procedente que estas se investiguen por separado o se acumulen a la causa abierta desde hace un año y medio por las querellas presentadas por el penalista Andreu Van den Eynde, en nombre del entonces presidente del Parlamento y conseller de Empresa, Roger Torrent, y del concejal republicano Ernest Maragall, a quienes WhatsApp los avisó de que les habían infectado sus teléfonos en el 2019. Ante la devolución de la querella de la CUP, el juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha abierto ahora unas diligencias indeterminadas y ha preguntado a la fiscalía si la querella de los cupaires se tiene que acumular a la ya existente de ERC o no. Si hay discrepancia en la competencia entre juzgados, lo tiene que resolver la Audiencia de Barcelona. Es decir, pueden pasar más semanas sin que se analice el fondo de las peticiones de los querellantes.
Mismo juzgado
A pesar de saber este enredo entre juzgados, la ANC, con su abogado Antoni Abad, ha anunciado este miércoles que también presentaba su querella por haber sido espiados con software malicioso ante el magistrado José Antonio Cruz porque ya tiene la causa abierta por Pegasus. Habrá que ver si los deriva a reparto, como los primeros. Los espiados de ERC, como el presidente Pere Aragonès, y los de Junts todavía no han presentado sus querellas, y tampoco se sabe nada de los escritos que prepara el Govern a través de los Servicios Jurídicos de la Generalitat. Por su parte, el exdiputado Josep Costa y el presidente Quim Torra optaron por presentar una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno por haber vulnerado sus derechos.
Peligro de macrocausa
Hay juristas que encuentran acertada la actuación del titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, ya que manifiestan que no se sabe a ciencia cierta el autor que usó Pegasus o quien lo encargó, a pesar de que el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han admitido que han espiado a dieciocho personas, entre ellas el presidente Pere Aragonès, y han justificado que tenían el aval del juez del Tribunal Supremo ante los disturbios del otoño del 2019 en Barcelona contra la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas catalanes, con las movilizaciones promovidas por Tsunami Democràtic. En Catalunya, se ha tomado como una burla que se dijera que se sospechaba que Aragonès estaba en contacto con los CDR y el movimiento de la calle, aparte de mostrar un total desconocimiento de la pluralidad social catalana.
Otro motivo para no acumular querellas es no crear macrocausas difíciles de gestionar en un único juzgado, con los límites que fijó la ley 41/2015, que modifica la Ley de Enjudiciamiento Criminial para la agilización de la justicia penal y evitar la acumulación de causas, que provocan dilaciones indebidas, y perjudican tanto a víctimas como acusados. No obstante, se hace extraño que juzgados diferentes hagan la misma comisión rogatoria a Luxemburgo para pedir información a la empresa NSO Group sobre la venta de Pegasus al Estado español y su uso contra los espiados, como solicita Benet Salelles en las querellas.
En la querella de la CUP hay tres afectados: el periodista y exdiputado David Fernàndez, y los diputados Carles Riera y Abert Botran; en el caso de Òmnium son tres más: el exvicepresidente Marcel Mauri, Elena Jiménez, y Meritxel Bonet, periodista y mujer del expresidente Jordi Cuixart. Y en el caso de la querella de la ANC son cinco afectados: su presidenta, Elisenda Paluzie, el expresidente Jordi Sànchez, cuando estava al frente de la entidad, y que se le detecta en el 2017, y los miembros Arià Baye, Sònia Urpí y Jordi Domingo. Por ahora, son once de las 65 personas espiadas por Pegasus en Catalunya que la investigación Catalan Gate elaborada por el centro Citizen Lab ha certificado entre los años 2017 al 2020.