La negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a la petición de Jordi Sànchez de poder salir de la cárcel para asistir al pleno de su investidura ha encendido los ánimos al soberanismo. Para dar una respuesta desde la sociedad civil, varios grupos de juristas catalanes se han unido con el objetivo de coordinar una querella colectiva contra el magistrado.

Referentes del ámbito jurídico ya habían apuntado recientemente hacia esta opción. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo alertaba la semana pasada de que si Llarena impedía investir a Sànchez podría ser denunciado por "cualquier ciudadano de Catalunya" por vulnerar el derecho de sufragio activo. Por otra parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, invitó a los ciudadanos a presentar quejas delante de lo que considera un "ataque" a los derechos de Sànchez y de todos los electores.

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Estos posicionamientos han sembrado la semilla de 'Querellants per la República', una iniciativa ciudadana que colectivos de juristas se encargan de coordinar. "Queremos dar salida a una petición popular y empoderar a la gente", explica a El Nacional Mònica Fernández, una de las abogadas voluntarias. Los juristas quieren organizarse para "ir todos a una" y no dispersarse "ni pisarse" como consideran que pasó con las denuncias del 1-O.

Los ciudadanos interesados en participar en la querella pueden informarse a través de dos canales de Telegram y una cuenta de Twitter. Desde 'Querellants per la República', se muestran sorprendidos ante la gran respuesta que ha tenido la iniciativa, que cuenta con más de 15.000 suscriptores en Telegram y más de un millar de seguidores en Twitter. Por ahora, sin embargo, se pide "calma y paciencia" para dejar trabajar a los abogados.

De camino a Estrasburgo

La forma de la querella acabará de concretarse durante la semana que viene en la primera reunión de la plataforma. En el encuentro, participarán agrupaciones como Drets o la Coordinadora de Advocats Catalans, pero también están abiertos a acoger a entidades soberanistas, como por ejemplo, la ANC.

En la acusación, podrá adherirse "cualquier ciudadano perjudicado que quiera ejercer sus derechos", avanzan. Es posible que los participantes tengan que hacerse cargo de los costes indispensables para presentarse como parte de cualquier querella. Sin embargo, el colectivo está trabajando para ponerse de acuerdo con notarios y procuradores que quieran colaborar y rebajar así el gasto.

Desde 'Querellants per la República', admiten que es posible que la querella no tenga recorrido pero destacan que es un trámite necesario para poder llegar a la justicia europea. Ante una hipotética inadmisión del Supremo, los juristas recurrirían al TC, aunque hay muchos puntos que este se limite a ratificar la decisión del Supremo. Sería entonces cuando, agotadas todas las vías de recurso en España, el colectivo se dirigiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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