El intento de incriminar al abogado Gonzalo Boye por un delito de blanqueo de capitales ha provocado una contundente reacción del letrado junto con cuatro asociaciones que forman parte de la Coordinadora de Abogados de Catalunya. La respuesta ha llegado en forma de querella ante el Tribunal Supremo por un delito de encubrimiento de asesinato contra la jueza María Tardón, la letrada Ángeles Monedero y el fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga Ignacio Miguel de Lucas. Asimismo, se atribuye a la jueza Tardón un delito de prevaricación. La querella, impulsada por las asociaciones de abogados de Osona, Maresme, Tortosa y Tarragona, está defendida por 44 abogados junto con el mismo Boye.
Según el texto de la querella, tanto la jueza Tardón como el fiscal Lucas se aprovecharon de sus cargos para perjudicar gravemente al abogado, responsable de la defensa de una parte importante de los políticos independentistas, entre los cuales Carles Puigdemont. El objetivo era procesarlo por un delito de falsedad documental y blanqueo de capital procedente del narcotráfico.
Estas acusaciones se basaron en la declaración de un testigo del supuesto caso de blanqueo, Andrés Puentes Saavedra, que después de incriminar a Boye fue excarcelado. Puentes consiguió salir de la prisión a pesar de los indicios que lo implican en un asesinato en Colombia en el 2018 de otro de los investigados, Santiago Quintero Marín.
El fiscal Ignacio de Lucas informó favorablemente a la salida de la prisión de Puentes, aunque él mismo había pedido cinco meses atrás que se informara a la Fiscalía sobre la "significativa participación" de Puentes en el asesinato y sabiendo de la existencia de otras dos causas penales contra este testigo.
Ante el informe favorable del fiscal se dictó libertad provisional de Puentes, sin haber comunicado a las autoridades colombianas los indicios sobre su participación en un asesinato que, por otra parte, compete a las autoridades españolas, dado que se organizó en Madrid y tanto la víctima como el presunto autor vivían allí.
Los querellantes denuncian que durante dos años ni la jueza Tardón ni el fiscal Lucas se han interesado en propiciar la investigación del asesinato. De hecho, los acusan de encubrirlo para proteger a este investigado a cambio de perjudicar gravemente a Boye.
Auxilio de la letrada
Por lo que respecta a la letrada Ángeles Monedero, la responsabilizan de haber auxiliado a la jueza y al fiscal para cometer este delito, además de "negarse obcecadamente" hasta tres veces a cumplir la obligación de certificar que, tal como establece la ley, se había informado a las autoridades colombianas sobre la participación de Puentes en el asesinato de Quintero.
Todo ello constituiría, en opinión de los querellantes, un delito de encubrimiento de asesinato, con un "favorecimiento personal agravado por haber obrado en abuso de las funciones públicas".
Prevaricación de Tardón
Asimismo, atribuyen a la jueza Tardón un delito de prevaricación, por las resoluciones de octubre de 2019 para acordar la entrada y registro del domicilio particular y profesional de Boye, así como de diciembre del 2010 que levanta el secreto sobre el contenido de su móvil y los correos electrónicos, con una gran afectación a su vida personal y profesional.
Se argumenta que aquellos registros se basaron en la declaración falsa de Puentes con la amenaza, en caso de no colaborar, de ser enviado a Colombia para ser investigado por su implicación en el asesinato.
Criminalización arbitraria
El texto denuncia que se dictaron resoluciones injustas sabiendo que lo eran, al dar credibilidad a la declaración de un investigado que obtuvo la libertad después de incriminar al abogado además de la impunidad ante un posible asesinato. Todo a pesar de que los geolocalizadores de los teléfonos, que forman parte del sumario de la causa, desmentían la veracidad de las reuniones que había relatado el testigo que se habían producido en el despacho de Boye y con las cuales le incriminaban.
La querella denuncia que la jueza "criminaliza arbitrariamente el trabajo de defensa del letrado Gonzalo Boye, persiguiendo, con esto, un enorme perjuicio personal, profesional y reputacional, además, socava las bases democráticas en que se fundamenta el trabajo de defensa".
Delito de revelación de secretos
Finalmente, se añade la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte del funcionario o autoridad pública, dado que Tardón ha accedido ilícitamente datos que afectan al trabajo de defensa del abogado.
En este punto, se pone el acento en la relevancia de causas que tiene en sus manos este letrado, como es la defensa de los miembros del Govern en el exilio, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, y que se siguen en Bélgica, ante el Tribunal de Justicia de la UE y en el mismo Tribunal Supremo.
"Como en Turquía"
A través de un comunicado, la Coordinadora de la Abogacía de Catalunya recuerda que el derecho a la defensa está reconocido en la Constitución como derecho fundamental, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales.
"Consecuentemente, las abogadas y abogados tenemos que ejercer la profesión libre e independientemente", reclaman, además de advertir que hoy quien sufre el ataque es Boye, "que ha sido imputado con una total falta de elementos probatorios tal como viene sucediendo en Turquía donde más de 1.500 abogados defensores con trasfondo político han sido procesados los últimos 5 años equiparándolos a grupos terroristas".
Comunicado de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya
En la imagen principal, Gonzalo Boye en una imagen de archivo / Sergi Alcàzar.