La presencia en el Parlament de partidos como Vox y Aliança Catalana, que han endurecido el discurso, en particular con relación a los migrantes, y que incluso se confiesan islamófobos, ha incorporado un nuevo elemento de tensión en la Cámara. La intervención del diputado de Vox Alberto Tarradas insinuando la deportación de la representante de ERC Najat Driouech o las referencias de la líder de Aliança, Sílvia Orriols, hacia la misma diputada de Esquerra han calentado este curso el hemiciclo y han alterado el normal funcionamiento del hemiciclo con repetidas llamadas al orden por parte del presidente, Josep Rull. Al mismo tiempo, han obligado a la Comissió de l'Estatut dels Diputats a abordar un complejo debate sobre los límites de la libertad de expresión de los parlamentarios y el equilibrio, no solo con el respeto a las personas migrantes, sino la defensa de la dignidad de los diputados.
Esta comisión sancionó el 28 de julio con una amonestación pública a Orriols, por considerar una falta leve los reproches dirigidos a Driouech, a quien, entre otras cosas, acusó de "normalizar el fundamentalismo islámico" por el hecho de llevar velo. Aquel día la comisión también amonestó igualmente por falta leve al diputado de Vox Joan Garriga por tildar de asesino a Lluís Companys y acusar a los socialistas de "gastar el dinero en drogas y putas". En el caso de Tarradas, se le ha abierto expediente. Al día siguiente, PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP registraron una proposición de ley para reformar en profundidad el Reglamento del Parlament para desplegar el régimen sancionador.
PSC
ElNacional.cat ha pedido a los grupos su valoración sobre el clima que se ha vivido este curso en la Cámara. Desde el PSC, la portavoz del grupo, Elena Díaz, considera que "hay momentos de tensión, como ocurre en todos los parlamentos", pero también admite la preocupación ante lo que describe como la "descalificación personal o la voluntad de convertir cualquier discrepancia en un espectáculo". "La ciudadanía espera firmeza en las ideas, pero también respeto institucional. Se puede discrepar profundamente sin degradar el debate", advierte.
Junts
Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, subraya que desde su formación "siempre mantenemos una relación de cordialidad con la práctica totalidad de diputados, a pesar de las discrepancias lógicas que puedan tener de posicionamiento político o que pueda haber un debate encendido". En este sentido, remarca que, en términos generales, "esta actitud de respeto es recíproca".
ERC
Desde Esquerra Republicana, la portavoz Ester Capella es más contundente y asegura que la situación ha empeorado "sin duda". "Este curso hemos visto cómo la crispación ha ido en aumento a causa de discursos que traspasan líneas rojas y que solo buscan alimentar el odio y la confrontación", alerta. Con todo, defiende que la reforma del Reglamento del Parlament, "impulsada y liderada por Esquerra Republicana", debe servir para "ponerle límites y contribuir a mejorar la convivencia y el respeto institucional durante el próximo curso".
PP
La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, relativiza el debate sobre el clima en la cámara y pone el foco en las preocupaciones de los ciudadanos. "El debate es exigente porque también lo es el momento que vive Catalunya. Pero creo que los ciudadanos tienen una preocupación mucho más importante que el tono de los debates parlamentarios: quieren saber por qué sus problemas continúan sin resolverse", afirma. Roldán asegura que el Partido Popular continuará ejerciendo "una oposición firme, exigente y responsable", con la voluntad de fiscalizar el Govern y presentar alternativas.
Vox
Desde Vox, el portavoz Joan Garriga carga contra la Mesa del Parlament y su presidente. Considera que el ambiente ha empeorado "sin ninguna duda" y atribuye esta situación a que "la mayoría ha optado por señalar e intentar silenciar a quienes pensamos diferente en lugar de fomentar el debate político". Garriga critica especialmente la reforma del Reglamento impulsada por varios grupos, porque, a su parecer, "no contribuye a mejorar la convivencia parlamentaria, sino que aumenta la confrontación y deteriora la libertad en el debate".
Comuns
La presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, defiende que la confrontación de ideas "es normal y forma parte del juego democrático", pero fija líneas rojas claras. "¡Lo que no es admisible es el acoso a diputadas por su religión, su manera de vestir o su origen!", advierte, y denuncia también acusaciones sin pruebas contra entidades como la UNRWA por parte de la extrema derecha. En este sentido, reivindica la reforma del Reglamento impulsada con otros grupos para "hacer frente y sancionar todas las manifestaciones discriminatorias, calumniosas o que incitan al odio". "¡Libertad de expresión, sí, pero acoso y bullying, no!", sentencia.
CUP
Desde la CUP, la presidenta del grupo, Pilar Castillejo, rechaza la idea del Parlament como un espacio de convivencia amable y lo define como un escenario de confrontación política. "Para la CUP, el Parlament no es un espacio de convivencia amable: es un espacio de conflicto político, donde vamos a confrontar los intereses de los poderosos y a defender la soberanía del país y los derechos de la clase trabajadora", afirma. En esta línea, sostiene que la tensión es inherente al debate político y que "si combatir el racismo, el machismo o el españolismo genera tensión, bienvenida sea". Con todo, advierte que el problema real es que "los discursos que incitan al odio se puedan difundir con impunidad desde el atril".
Aliança Catalana
La líder de Aliança. Sílvia Orriols asegura que "hay tensión, porque los partidos tradicionales no aceptan el pluralismo ni la incorporación de nuevos agentes al debate". "Cuando dos diputadas de Aliança Catalana dicen lo que piensan cientos de miles de catalanes, la respuesta no es rebatir los argumentos, sino intentar silenciarnos, sancionarnos o estigmatizarnos. El Parlament debería ser el espacio del debate libre. Aquí se tiene que poder hablar de todo, decía el presidente Josep Rull, pero demasiado a menudo se ha convertido en un espacio donde algunos deciden qué se puede decir y qué no", reprocha la líder de Aliança.
Orriols también se refiere a la propuesta de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP para modificar el Reglamento del Parlament para desplegar un régimen sancionador. Reprocha que el objetivo de estos grupos sea "sancionar a los diputados, que bajo su atalaya ideológica y moral, parezcan sospechosos de difundir "discursos de odio" y sentencia que "la censura y el autoritarismo nunca acaban bien".