El president, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, se han reunido esta tarde con el expresident Artur Mas y los responsables de las entidades soberanistas para valorar la decisión del Tribunal de Cuentas de incrementar la presión en la causa por el 9-N a las puertas del pleno de mañana en que se aprobará la ley del referéndum. Los dos máximos responsables del Govern han denunciado que el ejecutivo de Mariano Rajoy se ha saltado el estado de derecho, en su "estrategia del miedo" al inicio de una semana clave, pero han advertido que eso no evitará la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. "Nada lo detendrá", han asegurado.
Puigdemont ha asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas representa "un salto cualitativo en estrategia del miedo para impedir lo que es inevitable" y un intento de "incrementar las amenazas a los ciudadanos que queremos votar". "Al inicio una semana histórica en que convocaremos el referéndum, han ampliado a siete personas más su represalia económica ante el éxito democrático y han fijado para el 25 de septiembre lo que es un acto de incautación de las personas afectadas", ha denunciado.
"Si los tocan a ellos nos tocan a todos. Actuaban en nombre del Govern y del pueblo de Catalunya que pide poder hacer lo fundamental, que es votar", ha insistido el president, que ha dejado claro que los miembros del Govern afectados no sólo están amparados por el consejo ejecutivo sino por todos los ciudadanos.
Ha denunciado que "esta interpretación sesgada busca atacar derechos fundamentales en democracia". "Se han saltado garantías fundamentales del derecho de defensa, en un tiempo récord de manera exprés, sin leerse ni esperar a ver los expedientes que nos han pedido", ha reprochado.
Ante esta situación ha expresado desde la sala de prensa del Govern el "apoyo total" a las personas a las cuales el Tribunal de Cuentas ha señalado y ha garantizado una "respuesta democrática, cívica, serena y masiva" para dejar claro que los ciudadanos de Catalunya rechazan esta manera de actuar.
También el vicepresident ha querido denunciar que el ejecutivo popular en el intento de impedir el voto en el referéndum está dispuesto a obstaculizar el funcionamiento normal de las instituciones, tanto las catalanas como las propias del Estado, "haciéndoles hacer papeles que no les corresponden y forzando una interpretación retorcida de la ley".
"Convocar y celebrar un referéndum no es ningún delito ni desde el punto vista del derecho internacional ni el español. Por eso el gobierno del PP se ve obligado a retorcer la interpretación de la ley", ha añadido.
Junqueras ha reprochado que el gobierno español se está saltando "todas las normas básicas de la democracia, que tendrían que caracterizar cualquier estado occidental", por lo cual se ha interrogado qué garantía tienen los ciudadanos del conjunto del Estado que esta manera de actuar no se girará contra todos los demócratas españoles.
"Ante estas amenazas e interpretaciones retorcidas y de obligar instituciones a las que se les quiere obligar a hacer lo que no les corresponde, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y con el derecho de voto de todos los ciudadanos", ha remachado.