Tan pronto como estalló a media mañana de ayer miércoles la bomba que Fèlix Millet dejó caer en la Ciutat de la Justícia, el president, Carles Puigdemont, intentó dibujar un cordón sanitario entorno al Govern. Desde el hemiciclo, marcó distancias. Recordó que el ejecutivo que encabeza no tiene encima ningún tema de corrupción política que lo acose y exhibió el compromiso de lucha contra esta lacra.
Mientras Puigdemont respondía a las preguntas de los grupos, Millet iba desgranando las acusaciones sobre la financiación irregular de Convergència a través de las donaciones de Ferrovial al Palau de la Música a cambio de adjudicaciones de obra pública. Los diputados de JxSí se removían inquietos en el escaño.
"¿Estamos de acuerdo que no permitiremos que nadie blanquee corrupción con el proceso independentista?", preguntaba la diputada de la CUP Anna Gabriel, mientras la atención del pleno seguía en el otro extremo de la ciudad. "Absolutamente de acuerdo", replicaba el president.
La onda expansiva de la bomba de Millet no dejó de resonar durante todo el día en el Parlament y continuará hoy, en qué están previstas las declaraciones de Jordi Montull y Daniel Osàcar, el presunto vínculo entre la trama del Palau y la extinta CDC.
Cordón de seguridad
En medio de la tormenta, el cordón de seguridad con que Puigdemont trata de salvaguardar a su Ejecutivo mantiene una textura muy similar al que instaló la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, este fin de semana, cuando confesaba en una entrevista a El Nacional que le da "asco" la corrupción y excluía de su partido quien estuviera dispuesto a flirtear con esta. Las palabras de Pascal chirriaron en algunos rincones de la vieja CDC. Y todavía chirrían.
Ayer en el hemiciclo, detrás del president, seguía los acontecimientos el diputado y exconseller Germà Gordó, uno de los nombres que ha aparecido directamente en el caso Palau. En él se concentraban muchas de las miradas en el Parlament, y reproches. "En esta Cámara hay algunas personas señaladas aunque no estén imputadas", había advertido Gabriel en una alusión demoledora que el president intentó cabecear invocando la presunción de inocencia.
Aviso de ERC
Las paredes demócratas encajan la presión con resignación, mientras los socios de ERC observan la deriva de un escándalo que no tienen ninguna relación con ellos pero debilita de manera considerable la posición del socio en el grupo de JxSí, el PDeCAT, en tanto que sucesor de la antigua CDC. "Estas situaciones no pueden tener espacio en nuestra sociedad. El nuevo país en ningún caso se lo puede permitir", ha advertido el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, que ha lanzado un aviso a navegantes: "El nivel de exigencia de ERC es altísimo y nos gustaría que para todo el mundo fuera igual".
Mucho más directo ha sido el aviso de la CUP, que ha pedido la comparecencia del expresident Artur Mas y del diputado Gordó en el Parlament. "Es una cierta ficción eso de intentar desvincular el PDeCAT de CDC porque hay una continuidad organizativa y de personas y responsables políticos y, por lo tanto, ellos tienen que ser los primeros que tienen que querer dejar claro qué ha pasado", ha sentenciado.
La petición cupaire es la última que se ha anunciado este miércoles. También Ciudadanos, PP y PSC han reclamado que Mas dé explicaciones en la Cámara. La formación de Arrimadas reclama igualmente la comparecencia de Puigdemont.
Silencio del PDeCAT esperando a Mas
Desde el PDeCAT no ha habido reacción. El presidente del partido y de la antigua CDC, Artur Mas, ha anunciado que comparecerá cuando acaben las declaraciones de los principales investigados.
El caso Palau ha tenido ya un efecto devastador en CDC, y la oposición no permitirá al PDeCAT escapar a la onda expansiva de un escándalo que aparece amenazador también en las filas de JxSí y otorga munición para los rivales del proceso independentista.