El presidente en el exilio y eurodiputado Carles Puigdemont ha dicho basta y una vez ha recibido noticias sobre su compañero en el exilio Lluís Puig no ha podido evitar dejar constancia de su indignación. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el dirigente independentista ha respondido a la noticia de este martes sobre un juez de Huesca que ha abierto la posibilidad a la fiscalía de detener al conseller Lluis Puig para que vaya a juicio por el caso de las obras de Sijena. "Quieren nuestro encarcelamiento a cualquier precio y motivo. No les mueve ni la justicia ni la democracia, solo la venganza y la eliminación del disidente. Pero ni nos silenciaran ni nos pararán. A tu lado, Lluis Puig". En la misma línea se expresa el abogado Gonzalo Boye, que recuerda al magistrado de Huesca que esta detención no será viable.
Este martes el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca abrió la posibilidad a la Fiscalía y a la acusación popular de solicitar la detención del exconseller catalán de Cultura Lluis Puig si consideran "imprescindible" su presencia en el juicio que va a celebrar contra este y su antecesor en el cargo, Santi Vila, por su negativa a trasladar los bienes del Monasterio de Sijena. En su escrito, el magistrado descarta el planteamiento de la Fiscalía belga, país en el que Puig permanece exiliado por el caso del procés, de que el exconseller declare por videoconferencia con el apoyo de un juez de instrucción o de la policía de dicho país.
En relación a este punto, el juez de lo Penal número 1 de Huesca considera que "no procede" la presencia de un instructor belga al no estar la causa en fase de instrucción, "ni mucho menos de la policía para su toma de declaración". Entiende, además, que no existe "impedimento físico ni jurídico" para la presencia de Puig en la vista oral, señalada para el próximo 4 de mayo, pero agrega al tiempo que, dada la pena solicitada por las acusaciones, ninguna de prisión efectiva, puede celebrarse sin su presencia, añade el magistrado, "salvo que el ministerio fiscal o las acusaciones consideren imprescindible su presencia, en cuyo caso se podrá acordar su detención y conducción a presencia judicial".
Asegurar su presencia en el juicio
En respuesta a este escrito, el representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el letrado Jorge Español, se posiciona a favor de la detención y conducción a presencia judicial del acusado "a los efectos que no pueda alegarse indefensión alguna por su parte, pues es obvio que este señor ni tiene intención de asistir al juicio ni lo va a hacer". Una ausencia que este letrado relaciona con la situación de Puig como "prófugo" de la Justicia española y que, a su juicio, exige decretar su detención a fin de asegurar su presencia en el juicio y de evitar un recurso ante los tribunales europeos por violación de sus derechos.
Considera, además, que aunque la Fiscalía belga "quisiera" cumplir la orden de detención, existe un "escollo muy grande" para su ejecución, la existencia de unos jueces de origen flamenco que "si hasta ahora no han entregado al señor Puig a España, difícil será que por este asunto ordenen su detención y entrega". Además, pide al juez que solicite a la Fiscalía belga una "opinión razonada" sobre la posibilidad de que se cumpliese por Bélgica dicha orden de detención para asistir al juicio. La fiscalía de Huesca, a la espera de conocer su decisión a este respecto, reclamó hace unas semanas que Lluis Puig declarara presencialmente en el juicio previsto contra él y su antecesor, tras ver rechazada inicialmente esta petición por el juez encargado de enjuiciar el caso.
En su recurso, el fiscal descartaba la existencia de razones de "utilidad, seguridad o de orden público" que justificaran la toma de declaración a Puig como acusado de forma telemática, "más allá de que se encuentra encausado y en rebeldía, con causa pendiente en el Supremo y con órdenes de detención y entrega cuya vigencia ha confirmado el Tribunal Constitucional". El ministerio fiscal solicita para cada uno de los exconsellers penas de 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante once meses y la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena eleva la petición a 300 euros diarios.