Carles Puigdemont ha reclamado al Tribunal de Cuentas que siga el criterio del Tribunal Constitucional y le aplique la amnistía. En un escrito presentado por su abogado, Gonzalo Boye, el president en el exilio pide que se dicte "inmediatamente" una sentencia que declare amnistiados los hechos investigados y extinguida cualquier responsabilidad contable vinculada tanto a la preparación del 1-O como a la acción exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa al órgano fiscalizador de actuar en "rebeldía" por no haber aplicado todavía el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio, que invoca como base para exigir el cierre del procedimiento.
El escrito, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, carga con dureza contra la inacción de la sección de enjuiciamiento y recuerda que ya han pasado "ochenta y nueve días" desde que el TJUE respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas por el mismo Tribunal de Cuentas. La defensa de Puigdemont sostiene que mantener el procedimiento paralizado supone un "incumplimiento grave, manifiesto y abierto de la misma ley de amnistía", ya que la norma obliga a resolver este tipo de causas con "carácter preferente y urgente" y fija un plazo máximo de dos meses para hacerlo.
Paralelamente, la defensa reclama que se levanten las medidas cautelares que todavía afectan a Puigdemont, que se devuelvan las cantidades depositadas como fianza y que se cancelen las garantías constituidas en la proporción que le corresponda. Según el escrito, el procedimiento mantiene bloqueados bienes del conjunto de los demandados por un valor "superior a los nueve millones y medio de euros", una situación que Boye considera injustificable mientras la causa continúa parada. El abogado subraya, además, que ni la Fiscalía ni la Generalitat —que ha certificado que los gastos cuestionados se cubrieron con recursos propios— se oponen a la aplicación de la amnistía. Además, señala que Societat Civil Catalana declaró que no sostenía que las partidas reclamadas se hubieran financiado con fondos de la Unión.
Recurso por dilaciones indebidas
Finalmente, la defensa de Puigdemont deja constancia expresa de las acciones que se reserva si el Tribunal de Cuentas no resuelve de manera inmediata. En concreto, Boye avisa de que podrá activar una acción de responsabilidad del Estado por infracción del derecho de la Unión Europea, una reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de justicia y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por dilaciones indebidas. El escrito presenta estas vías como respuesta a una demora que la defensa considera incompatible tanto con la ley de amnistía como con las obligaciones derivadas del derecho europeo.