El president Carles Puigdemont ha asegurado este viernes desde la delegación del Govern en Bruselas que "el 155 tiene padres y madres, nombres y apellidos" y ha exigido a sus autores "materiales e intelectuales" que respondan al Parlament por el cese de más de 200 trabajadores de la Generalitat. "Yo estoy dispuesto a ir al Parlament y responder todas las preguntas que se me formulen", ha afirmado.

"Yo pido lo mismo, que respondan y digan si su cese se ajusta y se puede considerar aceptable en un estado de derecho", ha añadido. Así lo ha advertido en una rueda de prensa conjunta en Bruselas al lado del conseller de Polítiques Digitals y Administració Pública, Jordi Puigneró, y el Comisionat del 155, Pau Villòria, después de reunirse con una representación de los trabajadores cesados para el 155 en la capital belga.

Por su parte, Puigneró ha avisado a Madrid de que "diálogo" y "amenaza" —en relación a la posibilidad de que se volviera a intervenir la Generalitat— son palabras "contradictorias" y ha defendido que el Govern no dejará "en la estacada" a los trabajadores que fueron cesados.

El conseller ha adelantado que el Govern tomará las medidas "que hagan falta" para que estos no tengan que sufrir de su "bolsillo" o "de cualquier otra índole" ninguna "consecuencia" de la intervención.

Según ha informado Puigneró, los ceses fueron, en total, 242. En noviembre, y como reacción al 155, 19 de estos trabajadores cesados presentaron un recurso contencioso-administrativo al TSJC contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La fiscalía y la Abogacía del Estado, sin embargo, lo derivaron a la sala tercera del Tribunal Supremo, donde se quedó paralizado durante meses.

En julio, ha explicado la abogada Sílvia Requena, y coincidiendo con la toma de posesión de Pedro Sánchez como jefe del ejecutivo español, se activó la causa. Requena denuncia, sin embargo, que la Administración del Estado está poniendo pegas a los trabajadores que quieren interponer formalmente la demanda por su cese.

Según Requena, los expedientes administrativos de los 19 trabajadores que quieren poner una demanda a título individual, son requisito necesario y, por ahora, los documentos que han recibido desde Madrid están "vacíos".

La acusación argumenta que estos trabajadores fueron cesados por razones "presuntamente ideológicas", ya que estaban más cerca del entorno de presidencia y los consellers. De los 19, 12 han vuelto a sus puestos de trabajo en los departamentos respectivos.