El president Carles Puigdemont ha denunciado en un artículo en el diario británico The Guardian la "brutal ofensiva judicial" del Estado español para "encarcelar masivamente y criminalizar a los que promueven ideas políticas". Defenderemos nuestros derechos hasta el final, porque hay mucho más en juego que nuestro futuro personal. Está en juego la democracia", ha dicho Puigdemont.
En el texto, publicado este lunes, el president lamenta los "abusos inaceptables" de la justicia española, que dice que "está al servicio de la agenda política" del gobierno español. "Los casos legales contra los líderes catalanes contienen tantas irregularidades que es difícil creer que los acusados puedan contar con cualquier garantía formal", ha indicado.
Puigdemont duda que en el Estado español los políticos independentistas puedan tener un juicio "justo", "sin influencia política ni presión mediática". En este sentido, el president reclama su derecho a "defender el derecho de querer la independencia de Catalunya, de defender a un modelo de sociedad en que nadie tenga miedo del poder del Estado".
El president también critica a lo largo de su artículo la falta de voluntad de diálogo del Gobierno español. Según Puigdemont, Madrid dijo siempre durante los años de terrorismo, que "una vez acabada la violencia se podría hablar de todo". "Era mentira", denuncia Puigdemont, que recuerda que el independentismo "nunca ha optado por la violencia, sino al contrario".
En el artículo también critica que España "ha impuesto una agenda política que va en contra de la voluntad de la mayoría de catalanes", en relación a la suspensión de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución. El president considera que el gobierno español ha actuado "arbitrariamente, de manera poco democrática e ilegal" al disolver el Parlament, cesando el Govern e interviniendo el autogobierno y las instituciones".
Además, denuncia que se han encarcelado líderes políticos que "hace sólo dos años obtuvieron un histórico nivel de apoyos" y considera que se las ha privado de libertad para "promover sus ideas políticas". En este sentido, recuerda que se les acusa de un delito de rebelión, tipificado en 30 años de prisión, "lo mismo que en casos de terrorismo o asesinato", recuerda al president.
Por todo eso, el president denuncia que España tiene "graves carencias democráticas" y alerta de que lo que "tiene que prevalecer es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y el respeto de los derechos fundamentales".