A las puertas de la campaña electoral del 21-D y cuando hace casi más de un año que el presidente Mariano Rajoy fue investido, el PSOE ha elaborado un informe para fiscalizar el estado del pacto de investidura entre Partido Popular y Ciudadanos, donde el apartado de medidas para luchar contra la corrupción y regeneración democrática registra en torno a un 90% de incumplimientos (88,9%) y sólo un 11,1% de cumplimientos, justamente el día antes que el primer juicio por la Gürtel concluya y que hayan aparecido nuevas escuchas de la Operación Lezo en la comunidad de Madrid.
Los socialistas señalan el listado de medidas incumplidas, que suponen un total de 24 sobre 27, entre las cuales se encontrarían la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción; la supresión de los aforamientos; la limitación a 8 años del mandato del presidente del gobierno; una ley orgánica de control a la financiación de los partidos políticos; no permitir la concesión de indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal, violencia de género o terrorismo; entre otros.
En cambio, en el apartado de cumplimientos constan sólo 3 medidas de 27: la comisión parlamentaria de investigación de la presunta financiación ilegal del PP; reforzar el control de las subvenciones públicas para garantizar la eficiencia en el gasto público y evitar el fraude; reformar la ley de contratos del sector público; mejorar la dotación de medios dedicados a la lucha contra la violencia organizada; o registro de lobbies y regulación de grupos de interés.
Esta información resulta especialmente sensible para la formación naranja, ya que el partido de Albert Rivera nació con la bandera de la regeneración del sistema político, y el PP ha dado largas en varias ocasiones para la materialización de determinadas medidas.