Cansados de ver cómo el Consejo General de la Psicología de España no se posicionaba sobre las cargas policiales durante la jornada del referéndum del 1-O, ni tampoco sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española o el encarcelamiento de los políticos y los presidentes de las entidades independentistas, la sectorial de psicólogos de la ANC ha optado por impulsar una iniciativa para incentivar a los colegiados en psicología catalanes y de otras profesiones a dejar de pagar la cuota obligatoria a este organismo del estado español (o el de la profesión que corresponda), en un "acto de desobediencia" para mostrar su "desafección" por el Consejo.

Así lo harán saber este lunes en una carta firmada por 50 psicólogos catalanes (no todos forman parte de la sectorial de la ANC) a la Junta del Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya (COPC), a la cual ha tenido acceso El Nacional y en que dejarán bien claros sus motivos por querer desvincularse de este organismo, al que, por ley, están obligados a afiliarse. No hacerlo puede comportar la baja como miembro del colegio. Uno de los coordinadores de la acción, Albert Vidal, ha querido dejar claro a este diario que se trata de un "acto unilateral hecho por personas individuales". Sin embargo, sí están pendientes de si se suman otros colegiados y los de otras profesiones.

Del total de los 300 euros anuales que pagan los psicólogos catalanes colegiados, 50 van directamente al Consejo español, tal como lo desglosa el propio Colegio a sus cuotas (divididas en dos semestres). Ahora bien, a pesar de pagar este dinero, aseguran, "siempre hemos sentido distancia hacia un órgano alejado de nuestros intereses y capacidad de decisión, dedicado a actividades que creemos que no justifican su presupuesto ni inciden significativamente en el día a día de nuestra profesión".

Superar el ámbito español

Precisamente por eso y porque consideran que como estructura colegiada de ámbito español tiene que ser superada, proponen "emprender un proyecto propio" para hacer que su colegio sea totalmente "autónomo y libre" y que, además, "no esté sujeto a ninguna estructura centralizada en Madrid y alejada de nuestros intereses como profesionales catalanes".

Pero no solo eso. La situación política que vive Catalunya desde hace meses, y el comportamiento no solamente del Gobierno español, sino también de los organismos que dependen de él ha comportado que los miembros de la sectorial de psicología de la ANC se hayan sentido "moralmente y afectivamente todavía más alejados de esta institución".

¿Los motivos? "Su indiferencia ante las cargas policiales del 1 de octubre, su silencio ante la aprobación y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, destinado a vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía catalana [...] y la destitución, encarcelamiento ilegal y exilio de nuestro gobierno legítimo, que surgió de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y fue ratificado nuevamente en las urnas el 21 de diciembre de 2017".

 

Desafección in crescendo

La desafección de algunos de los colegiados por este organismo, aseguran, se ha acentuado este último año por la "indiferencia" del Consejo español de psicólogos sobre todo con respecto a las cargas policiales del 1-O, la aprobación y aplicación del 155, por "el encarcelamiento ilegal y exilio del gobierno catalán legítimo".

Ante estos hechos, justifican su voluntad de no seguir pagando la parte de la cuota que corresponde al organismo español, así como también con el argumento de que tienen una "firme voluntad de superar la estructura colegiada de ámbito español, avalada según los abajofirmantes por los resultados del referéndum del 1 de octubre de 2017, donde los ciudadanos y las ciudadanas Catalunya optaron por la constitución de un nuevo marco político propio".

Y no solo eso. No ven práctica la función del organismo, que todavía no acaban de entender cuál es, porque, de hecho, y como ha explicado uno de los coordinadores de la acción a este diario, "la única cosa tangible que ha conseguido [el Consejo] es una póliza de seguros más barata porque nos hemos sumado a una póliza de ámbito español".

¿De qué sirve el Consejo?

Según establece la ley, el Consejo General de la Psicología de España, así como los otros Consejos del resto de colegios de otras profesiones son organismos de obligatoria constitución si los colegios profesionales están divididos territorialmente, es decir, si hay un colegio por cada territorio.

Su función es coordinar, en este caso, todos los colegios de psicología del Estado español desde Madrid, donde tiene la sede como 41 de los consejos de otros colegios, mientras solo hay uno en Catalunya. De hecho, tal como denuncia la sectorial de psicólogos de la ANC, "los ocho colegios catalanes más importantes aportan más de 6 millones de euros el año; destaca el colegio de enfermeras y enfermeros de Barcelona, que cerró las cuentas de 2016 con una aportación de 2.928.000 euros al Consejo General de Enfermería. En el caso del Colegio de Psicología, la aportación aportó 593.000 euros; el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona aportó 614.000; el Colegio de Arquitectos de Catalunya, 445.000 euros, y el Colegio de Médicos de Barcelona, 584.000 euros".

Si el Consejo acaba aplicando la ley, los psicólogos colegiados que dejen de pagarle la cuota pueden perder su condición de colegiado en los próximos seis meses porque, como ha subrayado Vidal, "podemos estar debiendo hasta junio". Ahora bien, "¿pueden echar a 50 profesionales?", se ha cuestionado.