La prohibición de llevar elementos que cubran el rostro, como el burka o el nicab, no ha superado el trámite de la comisión municipal de Lleida. ERC, el PP y el Comú han votado en contra, mientras que Junts y Vox se han abstenido. A pesar de ello, el gobierno del PSC mantiene la voluntad de llevar la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia al Pleno del 25 de septiembre.
La teniente de alcaldía de Seguridad Ciudadana, Cristina Morón, ha defendido que el texto está "contrastado técnica y jurídicamente" por expertos y por los abogados de la Paeria. La prohibición figura en el artículo 12 de la ordenanza, que también regula otros aspectos de la forma de vestir en el espacio público y prohíbe ir desnudo. En el caso del burka y el nicab, se prevén excepciones en lugares de culto o en otros espacios donde estas costumbres sean aceptadas.
Multas de hasta 750 euros
Si la ordenanza prospera, llevar burka o nicab en los espacios donde quede prohibido podría comportar sanciones de entre 400 y 750 euros, aunque antes se efectuaría una advertencia. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicado que durante la elaboración del texto han hablado con "islamistas" que les han trasladado que no hay ningún precepto en el Corán que obligue a las mujeres a cubrirse de esta manera. "Forma parte de una tradición", ha afirmado. También ha señalado que les han comunicado que actualmente no hay mujeres en Lleida que lleven burka o nicab.
El gobierno municipal insiste en que la medida no responde a motivos de seguridad, sino a la defensa de los derechos de las mujeres. La concejala de Feminismos, Carme Valls, ha remarcado que se trata de defender "el derecho de las mujeres" y ha asegurado que "todas deben poder decidir con libertad, sin dependencias ni aislamientos". Valls ha definido la iniciativa como una "política feminista, de acompañamiento" para evitar que ninguna mujer quede apartada del espacio público.
Un plan socioeducativo y multas más altas por prostitución
La Paeria también quiere poner en marcha un plan de intervención socioeducativo basado en los "derechos fundamentales, en igualdad de género, respeto a la diversidad cultural y el derecho a libre decisión de cada mujer". Según Valls, tendrá una metodología "no coercitiva" e incluirá el trabajo con "mujeres referentes" de la comunidad, la creación de espacios de acogida y la formación de profesionales.
La nueva ordenanza también prevé endurecer las sanciones relacionadas con la prostitución. Las multas para las personas que contraten estos servicios pasarían a ser de entre 1.000 y 1.500 euros, mientras que para las personas que ejerzan la prostitución se mantendrían entre los 400 y los 500 euros.