El PSC se desmarcó oficialmente del 9-N desde el primer día. De hecho, ya no participó en la cumbre de donde salió la fecha y la pregunta. Pero, sin embargo, lo cierto es que hasta el mismo día de la votación hubo numerosos gestos desde las filas socialistas que contribuyeron, en menor o mayor medida, a la celebración del proceso participativo por el que ahora el Tribunal Supremo pretende juzgar el exconseller Francesc Homs.

Un proceso judicial que, al ser Homs aforado, requerirá la autorización del Congreso para seguir adelante. La votación será este martes, y el PSOE y el PSC ya han adelantado que piensan votar a favor del suplicatorio que ha pedido el Tribunal, y se añadirán, por lo tanto, a los votos favorables de PP y Ciudadanos.

Esta decisión, que ya ha traído cola, resulta paradójica si se tiene en cuenta que, sin ir más lejos, el presidente del PSC, Àngel Ros, optó aquel nueve de noviembre por ir a votar y hacer así un guiño a la iniciativa. También el expresident de la Generalitat José Montilla expresó entonces que hacía falta "diálogo y no querellas", y mostró su apoyo al president Artur Mas ante las actuaciones judiciales que se atisbaban.

Al PSC le costará, pues, justificar un voto que llevará a Homs al banquillo por unos hechos que los socialistas pedían no judicializar sino resolver por la vía política.

Apoyos locales

Días antes de la consulta, la práctica totalidad de municipios catalanes aprobaron una moción de apoyo al derecho a decidir y a la consulta del 9-N, que respondía a una propuesta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM). A la práctica, a pesar de la consigna de la dirección de votar en contra, la moción prosperó en muchos municipios gracias al voto favorable o a la abstención de los socialistas.

El partido apoyó la propuesta en municipios como Igualada, Figueres o Deltebre, y también en Badalona, en que el voto favorable de los socialistas permitió que se aprobara el texto contra la voluntad del entonces alcalde, Xavier García Albiol. En Mataró, el PSC facilitó la aprobación absteniéndose.

Sin embargo, también fueron numerosos los municipios donde el PSC votó en contra del texto, como Rubí –donde su postura llevó al no– o Tortosa. En Lleida, el PSC, liderado por Àngel Ros, y CiU consensuaron una moción propia que planteaba facilitar todos los recursos y herramientas necesarios que requirieran las instituciones.

Las mociones también dejaron escenas de división en localidades como la Seu d'Urgell o Sant Vicenç dels Horts –donde los concejales de la formación no mantuvieron una posición unánime– y fueron uno de los últimos y decisivos episodios de la fractura entre la línea oficial y las posiciones de los soberanistas del partido, ahora ya prácticamente desaparecidos de las filas socialistas.

Fue el caso, por ejemplo, de Marina Geli y Núria Ventura, entonces diputadas socialistas en el Parlament, que acabaron apartadas del grupo parlamentario después de negarse a votar contra la propuesta de consulta como hizo el resto del grupo socialista.

Ros, en blanco

El alcalde de Lleida y presidente del PSC, Àngel Ros, fue la figura más relevante del partido que optó por tomar parte del proceso participativo del 9-N, y lo hizo yendo a votar en blanco. A través de las redes sociales Ros explicó que lo hacía "para dejar claro que hacen falta diálogo, negociación y pacto para progresar en las aspiraciones de los catalanes". "Voto en blanco porque el actual proceso no resolverá la crisis del país; y voto para oponerme al inmovilismo e intolerancia del Gobierno del Partido Popular, incapaz de encontrar soluciones políticas a la reforma del Estado y a las aspiraciones de los catalanes", dijo.

"Respeto" al proceso participativo

"Un éxito de participación que demuestra una gran voluntad de cambio". Así definía la entonces portavoz socialista, Esther Niubó, el proceso participativo del 9 de noviembre del 2014, que llevó a 2.250.000 catalanes a las urnas para pronunciarse sobre el futuro político de Catalunya.

"Hasta ahora los tribunales y la Fiscalía han sido los protagonistas, pero esperamos que a partir de mañana se recupere la política en mayúsculas", aseguraba en el único posicionamiento público que hizo el partido aquel mismo día. "Si respetamos el conjunto de voluntarios y personas que han participado en este proceso, todavía más los socialistas que lo han hecho", aseguraba en aquel momento Niubó.

Sánchez, por una solución política

Al día siguiente, Pedro Sánchez comparecía desde Barcelona, acompañado de Iceta, para asegurar que el PSOE respetaba "la movilización y los 2 millones de personas" igual que "los catalanes que no acudieron a las urnas y que también tienen que tener en cuenta los responsables políticos de Catalunya y España". "Ayer se hizo una gran movilización", reconocía el entonces líder de los socialistas españoles. "La crisis es política y la solución tiene que ser también política", dijo Sánchez.

Contra las querellas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, expresó en las posteriores comparecencias públicas que el 9-N requería "una respuesta política y en ninguno caso judicial" y aseguró que "la vía judicial puede complicar mucho las cosas".

También el expresident de la Generalitat José Montilla mostró públicamente el apoyo a Artur Mas ante la posibilidad de que la Fiscalía se querellara por la organización del 9-N. "Quiero expresar de forma nítida mi rechazo a una eventual querella. Si se confirma esta medida, el president Mas contará con mi apoyo", afirmó en un comunicado. Montilla lamentaba que el presidente español, Mariano Rajoy, hubiera caído en la tentación de "dejarse arrastrar por la sobreexcitación de los sectores más radicales de la derecha española" y aseguraba que no se podía resolver un problema político con la simple apelación a los tribunales. "Diálogo y no querellas. Sentido común y no huídas hacia adelante o callejones sin salida", reflexionaba el ahora senador socialista.

Asimismo, el entonces alcaldable del PSC en Barcelona y actual miembro del gobierno municipal, Jaume Collboni, aseguraba: "Cuando llegamos a la fase judicial y planteamos la hipótesis de encausar un president y consellers, es la demostración de que hemos llegado a final del camino".

En este sentido, el en aquel momento portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, rogó al fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que hiciera caso de los fiscales catalanes y no presentara ninguna querella contra los miembros del Govern.

Sí al suplicatorio

Finalmente, la Fiscalía sí que presentó la querella contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, mientras que la imputación de Homs no llegó hasta mayo de este año. El Congreso de los Diputados votará el próximo martes, 22 de noviembre, el suplicatorio del Tribunal Supremo para poder juzgar al exconseller de la Presidència y portavoz del Partit Demòcrata en el Congreso por supuestamente haber desobedecido el Tribunal Constitucional y no detener el proceso participativo del 9-N del 2014. Y es en este momento que el PSC, como el PSOE, el PP y C's, ha decidido avalar que el Tribunal Supremo juzgue a Homs por delitos de prevaricación y desobediencia.

Una vez el pleno haya dejado a Homs sin el aforo parlamentario, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tendrá un plazo de ocho días para comunicar esta decisión al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Fuentes de la Fiscalía dan por hecho que el proceso acabará con la inhabilitación de Francesc Homs.