PSC y ERC quieren que las restricciones previstas en la proposición de ley contra la compra especulativa de viviendas solo afecten a los grandes tenedores, es decir, las personas o entidades propietarias de cinco inmuebles o más. Ambas formaciones han presentado una enmienda conjunta al texto impulsado por los Comuns, que se planteó como una de las contrapartidas para facilitar la aprobación de los presupuestos. La propuesta original modifica la Ley de urbanismo con el objetivo de que, en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, se pueda limitar la adquisición de viviendas con fines especulativos. El texto establece que las compras se tendrían que destinar a residencia habitual del comprador o de un familiar, o bien al alquiler permanente respetando los límites de precios vigentes.
ERC considera que restringir la aplicación de la norma a los grandes propietarios permitiría reforzar su seguridad jurídica y facilitar su aplicación. La portavoz republicana en el Parlament, Ester Capella, ha defendido “poner el corte” en los grandes tenedores para que la ley sea “robusta jurídicamente y aplicable”. “No se puede tratar igual a una persona que tiene tres viviendas que una persona que tiene 15 o 20”, ha argumentado Capella, que también ha subrayado que la norma “tiene que poder tener pervivencia en el tiempo”.
Los Comuns mantienen la confianza en el acuerdo
El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, considera que las modificaciones planteadas por el PSC y ERC “no cuestionan el meollo” de la iniciativa. “El tronco central de la ley se preserva”, ha asegurado en una rueda de prensa. Cid también ha afirmado que no les ha sorprendido que los socialistas propongan limitar el alcance de la ley a los grandes tenedores y se ha mostrado convencido de que habrá margen para negociar antes de la votación definitiva. “Cuando el Consell de Garanties Estatutàries se pronuncie, nos sentaremos los cuatro partidos de izquierdas con el Sindicat de Llogateres. Tiempo tendremos para buscar acuerdos y saldremos adelante”, ha afirmado.
Comuns y CUP han registrado, por su parte, enmiendas conjuntas para que las limitaciones no dependan de la decisión de cada ayuntamiento. En concreto, plantean eliminar la previsión que deja la aplicación de las restricciones en manos de los planes de ordenación urbanística municipal. Según Cid, esta modificación recoge las demandas del Sindicat de Llogateres.
Los Comuns también han pactado con el PSC algunas excepciones. Entre otros casos, la limitación no se aplicaría a la adquisición de una vivienda individual a causa de una herencia ni a la compra de edificios destinados a una rehabilitación integral, siempre que posteriormente se dediquen al alquiler como vivienda habitual.
El texto prevé igualmente que se pueda adquirir una segunda residencia cuando sea la única propiedad de este tipo del comprador y esté situada en un municipio diferente al de la residencia habitual. Además, amplía el régimen sancionador para considerar infracciones muy graves tanto el incumplimiento de las limitaciones como la simulación de operaciones jurídicas para esquivarlas.
La votación se aplaza hasta otoño
La proposición de ley se tenía que someter inicialmente a debate y votación final en el Parlament, pero el trámite quedará aplazado después de que Junts haya anunciado que pedirá un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. El PPC también estudia recurrir a este órgano consultivo. Aunque las resoluciones del Consell no son vinculantes, el Parlament no puede votar definitivamente el texto hasta que se haya emitido el dictamen. Los Comuns trabajan con la previsión de que la norma se pueda aprobar en octubre, durante el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones posterior al debate de política general.
La portavoz del Govern y consellera de Territori, Sílvia Paneque, confía en que este aplazamiento permita acercar las posiciones del PSC, ERC y los Comuns. Según Paneque, las formaciones "tendrán tiempo para trabajar conjuntamente las enmiendas" y llegar a un "consenso" sobre el alcance de las restricciones y su aplicación a los grandes tenedores. La iniciativa, tramitada por la vía de urgencia, superó el 8 de julio las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, Vox, PPC y Aliança Catalana. Cid se ha referido a estas cuatro formaciones como el "cuatripartito de la patronal" y ha insistido en la voluntad de sacar adelante la norma: "No se saldrán con la suya. Estamos convencidos de que la ley será una realidad en otoño".