El PSC mueve ficha en medio del caso Laura Borràs. El partido de Salvador Illa ha presentado este lunes una iniciativa que plantea modificar la ley sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlament y busca eliminar las pensiones vitalicias que iban ligadas al cargo, así como reducir y limitar los importes. La ley actual de 1988, modificada en 2003, prevé que cuando un presidente abandona el cargo cobre el 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que lo ha ejercido o un mínimo de 4 años. Los socialistas proponen que sea del 20% y durante 6 meses. En el caso de la jubilación, a partir de los 65 años ahora cobran una pensión vitalicia del 60% si han ejercido un mínimo de 2 años, mientras que el PSC quiere que sea un 10% durante seis meses. La reforma planteada llega cuando se acaban de cumplir dos años de la presidencia de Laura Borràs, si bien está suspendida desde el julio pasado. Con la actual ley podría estar en cuestión si tiene derecho a la pensión vitalicia, ya que requiere un mínimo de dos años al cargo.
En todo caso, la reforma sí que afectaría a cinco expresidentes actualmente vivos: Joan Rigol, Ernest Benach, Nuria de Gispert, Carme Forcadell y Roger Torrent. En la exposición de motivos del texto que ha registrado el PSC hoy lunes, el grupo parlamentario socialista argumenta que las circunstancias que dieron sentido a la ley del 1988 "han cambiado notablemente". "No encontramos en la actualidad presidencias ejercidas por personas de larga trayectoria política en la lucha por la recuperación de las instituciones democráticas y que pudieran haber encontrado serios impedimentos, debido a sus carreras de cotización, para atender las necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, que eran el elemento nuclear del objeto de la ley", afirman.
En rueda de prensa este lunes, la portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha defendido la propuesta de los socialistas porque las pensiones vitalicias para expresidentes de la cámara son "un reflejo otras épocas". Tortolero ha argumentado que "la ciudadanía y la gente de la calle no entienden ciertos privilegios" y que por lo tanto hay que eliminarlos. Además, ha insistido que es una propuesta que "no va en contra de nadie ni es por ningún caso en concreto", en referencia a Laura Borràs. En todo caso, también ha reconocido que por ahora los socialistas no se han planteado modificar otros privilegios como las dietas de los diputados, o las pensiones que reciben los expresidentes de la Generalitat, a pesar de que no cierran la puerta a trabajar estas cuestiones.
Apoyo y escepticismo de los grupos
Los posicionamientos de los partidos respeto esta iniciativa no han tardado a llegar, y han estado mayoritariamente positivos. Primero han sido los comuns, quienes han aplaudido la propuesta describiéndola como "buena". El portavoz Joan Mena ha dicho que su formación "está estudiando la propuesta", pero que en todo caso creen que "ya es hora de acabar con los privilegios desfasados en el marco del Parlament". Por su parte, ERC ha asegurado que estudiarán y valorarán la medida, con la disposición de hacer aquellas "reformas necesarias". Pero han enviado un mensaje de alerta: a los republicanos los preocupa que esta iniciativa tan solo desprestigie la cámara catalana, por lo cual ha exigido ampliar el foco. "Creemos que la visión se tiene que hacer conjunta, global, con una mirada amplia", ha pedido, indicando que a otras instituciones del Estado también se den casos que hay que resolver.
Desde Junts, se ha visto con algo más de escepticismo. El portavoz Josep Rius ha explicado que están "dispuestos a escuchar" si la reforma pretende racionalizar las instituciones, y ha reclamado hacer un debate "serio, riguroso y desde el consenso". Ahora bien, también se huelen la posibilidad que detrás del movimiento haya "oportunismo político". "No parece que el objetivo sea mejorar las instituciones", ha lanzado. Ante la coincidencia que la propuesta llegue después del juicio a Laura Borràs —a la espera de la sentencia—, Ríos ha manifestado que "si es una reforma ad hoc, no nos encontrarán".