Cuando quedan ocho días para que el Parlament apruebe definitivamente los presupuestos del 2023, el Govern y el PSC todavía evidencian sus diferencias. Estamos en la recta final de la validación de las cuentas y, una vez superadas las enmiendas a la totalidad hace un par de semanas, ahora es el turno de las enmiendas al articulado, que son aquellas que pueden modificar su contenido. Hay pocas previsiones de que la ley de presupuestos se toque mucho: el Govern, el PSC y los comuns han presentado algunas enmiendas, pero han sido pactadas a tres partes, y los grupos se mantienen "leales" en los respectivos entendimientos que escenificaron a mediados de diciembre (entre Pere Aragonès y Jéssica Albiach) y principios de febrero (entre Pere Aragonès y Salvador Illa).

Ahora bien, donde podrían ponerse de manifiesto las discrepancias está en lo que se conoce como la ley de acompañamiento de los presupuestos, que, como su nombre indica, se aprueba a la vez que las cuentas y tiene que ver con las medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. Y es que, en rueda de prensa, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha reconocido la "buena predisposición" para presentar 64 enmiendas acordadas con el ejecutivo, si bien ha habido algunos puntos en que no se han podido superar las diferencias. En total, los socialistas han presentado 11 enmiendas por su cuenta que afectan a una variedad de cuestiones. "Discrepamos claramente y no hemos podido encontrar una solución intermedia", ha explicado. En todo caso, los de Salvador Illa abren la puerta a resolver las diferencias a lo largo de esta semana y estudiarán si alguna enmienda puede decaer, pero avisan de que en algunos puntos será "difícil".

La principal patata caliente es el plan piloto de la renta básica universal, que el Govern quiere poner en marcha mientras el PSC la rechaza tajantemente. Si bien no hay ninguna mención explícita a los presupuestos y no se destina ninguna partida económica, aparece en la ley de acompañamiento el ejecutivo: se crea una asignación monetaria que se fija en 800 euros al mes para los participantes, y se prevé aprobar la dotación económica cuando entre en vigor la normativa que regule la implementación del plan para consignarlo posteriormente en el presupuesto de Presidencia. El PSC recibe con recelos este movimiento, después de que el Govern les prometiera que no habrá ningún euro por el plan piloto, y recuerdan que Catalunya no tiene suficiente dinero para hacerlo universal. Es por eso que su enmienda pide eliminar esta referencia.

Hay otros puntos problemáticos, como una enmienda a la ley que modifica el Fondo de Transición Nuclear, una iniciativa que fue aprobada hace unos meses en el Parlament gracias al entendimiento entre el PSC y Junts, por lo cual los dos partidos han querido corregirla conjuntamente, dejando fuera el Govern. También se propone un cambio con respecto a la gestión del agua, ya que la Generalitat propone "quitar competencias" a los municipios del área metropolitana para que sea la Agència Catalana de l'Aigua quien fije los precios. Y un punto por el cual la Generalitat se fija como acusación particular en los procedimientos penales por descubrimiento y revelación de secretos: el PSC quiere que solo sea protagonista si la cuestión afecta directamente al ámbito público, y no a la vida privada de la persona perjudicada.

Malabares con los macroproyectos

Por otra parte, y sobre las enmiendas que ha presentado Junts en referencia a los grandes macroproyectos del país, el PSC ha querido hacer malabares. A pesar de reconocer que las propuestas de los juntaires son atractivas porque refuerzan la necesidad de poner en marcha la B-40, el Hard Rock y la ampliación del aeropuerto, acelerando los procedimientos, los socialistas optan de momento para desmarcarse, ya que tienen un acuerdo con el Govern. El PSC cree que ya ha ganado la batalla al ejecutivo para desencallar estos proyectos, y ven "bueno y válido" el acuerdo con los republicanos. Pero en todo caso no descartan del todo lanzarse a los brazos de Junts: los de Salvador Illa aseguran que están valorando las propuestas del partido y que se están pensando cuál tiene que ser su posición. "Queremos ser leales con el Govern, pero lo tenemos que acabar de mirar". Hasta el 10 de marzo, pues, todavía hay margen para nuevas sorpresas.