Junts per Catalunya anunció este lunes que vincularía la actitud del PSC en el debate de política general con la estabilidad del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Así lo expresó la portavoz parlamentaria juntaire, Mònica Sales, que advirtió que su partido llevaría los acuerdos con el ejecutivo español en forma de propuesta de resolución durante los plenos del 7 y 9 de octubre. El objetivo de los juntaires es evitar que el PSC "torpedee" el espíritu del Acuerdo de Bruselas que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. "El debate de política general tiene que servir para acabar con el doble discurso de los socialistas en Barcelona y Madrid", dijo Sales en las jornadas de trabajo a Waterloo y haciendo referencia que en Catalunya los socialistas votan una cosa diferente a Madrid o con lo que se pacta en Suiza. "No se puede construir en Suiza y destruir en Catalunya", dijo la también vicepresidenta juntaire, que advertía que en caso contrario "pasarían cosas", tal como advirtió Carles Puigdemont este agosto en Prada.

Pues bien, el PSC ha respondido este martes al partido de Carles Puigdemont, asegurando que las propuestas juntaires "tendrían que ser fácilmente asumibles" en formato de propuesta de resolución. Es decir, como intención y posicionamiento política. El debate de política general tiene que servir para fijar las líneas maestras del año legislativo, tanto del Govern como del Parlament. En una rueda de prensa, la portavoz socialista en el Parlament, Elena Díaz, señalaba que, a la espera del redactado de los puntos sobre los acuerdos con el PSOE, "no habría ningún inconveniente, en principio".

Batet muestra sus recelos

Inmediatamente después, el presidente del grupo parlamentario juntaire, Albert Batet, ha respondido a la dirigente socialista mostrando sus recelos a sus palabras. "Veremos qué hacen a las votaciones al debate de política general. Son especialistas en decir una cosa y hacer a la contraria", ha asegurado Batet a través de X, desde donde ha acusado al PSC de votar conjuntamente con PP y Vox en un total de 84 ocasiones en el Parlament para "bloquear la defensa de los intereses del país".

Entre las propuestas que los juntaires pueden llevar en la cámara catalana durante el debate de política general y que va en la línea del Acuerdo de Bruselas hay la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la aplicación de la ley de amnistía y denunciando la cúpula judicial, la delegación de las competencias de inmigración, que, por cierto, se votarán el próximo 23 de septiembre en el Congreso de los Diputados, o la reforma del Código Penal para endurecer las condenas a la multirreincidencia. También pueden aparecer posicionamientos políticos como la defensa del concierto económico o la defensa de la vehicularidad del catalán a la escuela catalana.