El Partido Popular prepara su campaña electoral de cara a las elecciones españolas del 28 de abril con el ideario más involucionista de los últimos años, una estrategia que mira de reojo el ascenso de Vox y que ya incluye promesas de dudosa raigambre democrática, como liquidar el autogobierno catalán con la aplicación automatizada del artículo 155 de la Constitución Española o la modificación del Código Penal para elevar las penas por el delito de rebelión a la prisión permanente revisable -a la práctica, cadena perpetua-.

Otra de las promesas, según desgrana hoy ‘El Mundo’, será afianzar la supremacía de la lengua castellana no solo en el territorio de la España monolingüe, sino también allí donde comparte cooficialidad con otras lenguas.

Según el medio citado, el partido de Pablo Casado prevé incluir en su programa electoral una ley orgánica para blindar el castellano como lengua oficial del Estado y prohibir que las otras lenguas cooficiales sean requisito indispensable a la hora de acceder a un empleo público.

Obligación de hablar castellano

La ley convertirá el conocimiento y el uso del castellano -es decir, obligará a hablar en esta lengua- en requisito indispensable, mientras que las otras lenguas, que mantienen en sus territorios un rango de equiparable cooficialidad, quedaran relegadas al concepto de mérito. Es decir, cualquier castellanohablante podrá imponer su lengua en los territorios con más de un idioma oficial.

La medida, que según el PP evitará la “discriminación” de los funcionarios, conllevará a la discriminación de los usuarios de todo tipo de servicio público e irá acompañado de otras imposiciones lingüísticas como asegurar que las comunicaciones públicas se hagan siempre en castellano, y pone como ejemplo el presunto derecho a no pagar una multa si esta no es comunicada en lengua castellana, todo un torpedo a la línea de flotación del bilingüismo.

Las políticas de imposición lingüística llegarán a las señales de tráfico, los paneles y las placas urbanas e interurbanas que deberán utilizar “al menos, el castellano”. Paradójicamente, desde el PP se confía que este tipo de supremacía lingüística fomentará la vertebración autonómica y la igualdad de oportunidades de los españoles.

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