El curso se cierra con un pleno cargado de tensión en el Parlament. La petición de JxSí y la CUP de incluir en el orden del día la votación de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent marcará el inicio de lo que se puede convertir en el primer acto de desobediencia formal del Parlament al Tribunal Constitucional. Todo, el mismo día en que Francesc Homs se reunirá con el rey Felipe VI en el marco de la ronda de consultas para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno español.

La Mesa evitó incluir el debate de las conclusiones de la comisión de estudio en el orden del día para no encarnar el enfrentamiento con el TC en la figura de la presidenta, Carme Forcadell. Tomó esta decisión después de que el TC advirtió la semana pasada "especialmente" al órgano de gobierno de la cámara que la actividad de la comisión era "absolutamente inviable", dado que incumplía la nulidad de la resolución del 9-N dictada previamente y, por lo tanto, le instaba a impedir o paralizar cualquier iniciativa que contravenga este mandato.

Serán, pues, los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP los que reclamen incluir el debate de las conclusiones de la comisión en el orden del día del pleno para favorecer el debate y votación de las propuestas. La petición de los dos grupos será suficiente para introducir este debate en el hemiciclo.

Desde los grupos parlamentarios se ha evitado concretar en qué momento se hará la propuesta para no facilitar ninguna maniobra de los grupos de la oposición. Todo apunta que será a partir del mediodía, una vez se haya hecho la sesión de control al Govern y al presidente, pero los grupos pueden variar la decisión y hacerlo en cualquier punto del pleno, que se alargará hasta el jueves.

De hecho, el nivel de incertidumbre sobre qué puede pasar en la cámara llega hasta el extremo de que ayer tarde, cuando sólo había previstas interpelaciones, desde JxSí se pidió la presencia en el hemiciclo de todos los diputados, incluido el president, Carles Puigdemont, en previsión de alguna iniciativa de la oposición para frustrar los planes de los grupos independentistas. No fue así, y una vez el pleno estaba en marcha, Puigdemont abandonó la cámara.

Reunión de la oposición

A pesar de la contundencia del desafío que están dispuestos a asumir los diputados de JxSí, los grupos de la oposición no han conseguido articular una respuesta conjunta.

Ayer por la tarde, hubo un último intento de plantear un frente en una reunión en los despachos de Ciudadanos, en la que participaron la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, el del PP, Xavier Garcia Albiol, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el presidente del grupo parlamentario de CSQP, Lluís Rabell. El encuentro sirvió para que cada grupo expusiera cuál será su respuesta y evidenció de nuevo, la imposibilidad de pactar una réplica unitaria.

El PP ha pedido abandonar el pleno, mientras que el PSC ha anunciado que no participará en las votaciones pero sí tomará parte en el debate y no marchará del hemiciclo, al igual que CSQP.

Auxilio al TC de cualquier poder

La decisión del pleno del Parlament de desobedecer a la advertencia del Constitucional se produce después de que la reforma introducida el año pasado en la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC lo capacitó para velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

El artículo 92 de este texto, incluido con la reforma y que nunca se ha puesto en práctica, contempla que el TC podrá "recavar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos" y estos prestarán su colaboración "con carácter preferente y urgente" para garantizar este cumplimiento.

La reforma de la ley también prevé medidas concretas para el caso de que se desatienda un requerimiento del Tribunal: El TC podrá imponer una multa, de 3.000 a 30.000 euros, a las autoridades, trabajadores públicos o particulares que incumplan las resoluciones del tribunal; puede acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o trabajadores públicos responsables del incumplimiento durante "un tiempo preciso" para garantizar el cumplimiento de los pronunciamientos; está igualmente contemplada la posibilidad de requerir la colaboración del Gobierno español a fin de que se adopten las medidas necesarias; y, finalmente, puede deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal de que pudiera corresponder.