El principal diario suizo, el Neue Zürcher Zeitung, afirma que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) podría hacer más fácil la extradición del president Carles Puigdemont si la justicia belga aceptara las peticiones del juez Pablo Llarena, pero avisa de que el fallo "sigue aplicando la protección contra la extradición", lo que beneficia a los exiliados. "La sentencia del TJUE permite a Llarena emitir muy pronto unas nuevas peticiones de extradición internacional, ahora por malversación de fondos públicos y desobediencia civil. El mismo Puigdemont, de todos modos, ha reaccionado con extrema calma ante la decisión del martes en Bruselas. En determinadas condiciones, la sentencia sigue aplicando la protección contra la extradición. Es decir, si se pueden demostrar "deficiencias del sistema judicial" en el país que reclama la extradición o si el traslado pone en peligro los derechos fundamentales de un individuo o un grupo de personas", subraya.

El diario suizo insiste en que estas condiciones hacen ser optimista a Puigdemont, aunque la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que ahora se facilita que el president sea llevado ante la Justicia española. Y explica cómo lo ve Puigdemont: "Hay muchas excepciones, por lo que en la práctica si existen nuevas euroórdenes de detención seguirán siendo inejecutables". Y detalla que el president cree que "eso lo acerca un paso más a la libertad".

La sentencia del TJUE, que estudiaba la negativa de la justicia belga a entregar a Lluís Puig al Tribunal Supremo, advierte que un estado miembro de la UE no puede negarse, "en principio", a ejecutar una euroorden, pero sí puede aplicar una disposición nacional que prevea que se puede denegar la orden de detención cuando "daría lugar a la vulneración de un derecho fundamental". El TJUE admite, tal como argumentaron las defensas de los exiliados en referencia al trato que recibe el independentismo por parte de la Justicia española, que para denegar la euroorden, un tribunal pueda valorar la existencia de deficiencias del sistema judicial "que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenece el interesado". Este pronunciamiento será clave para la sentencia que el mes de abril tendrá que emitir el Tribunal de Luxemburgo en relación con la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El TJUE ha dado respuesta así a las cuestiones prejudiciales que presentó el juez instructor Pablo Llarena ante la negativa de la justicia belga en enero de 2021 al ejecutar la euroorden contra Lluís Puig. El tribunal de Bruselas concluyó que el Supremo no era competente para juzgar al conseller. En respuesta a este portazo, Llarena presentó ante el TJUE diferentes cuestiones prejudiciales en que preguntaba si era posible presentar una nueva euroorden contra la misma persona y por los mismos hechos y si un estado puede denegar una euroorden argumentando vulneración de derechos fundamentales. El mes de julio el abogado general del TJUE Jean Richard de la Tour dio la razón a Llarena y argumentó que había que demostrar una vulneración sistémica de derechos fundamentales para denegar la euroorden. No obstante, el Tribunal ha discrepado del pronunciamiento del abogado general, lo que es muy poco habitual, y ha introducido múltiples matices.

La sentencia señala que no se puede enviar una nueva euroorden si es por los mismos hechos que una anterior euroorden que ha sido denegada. Y también establece que se tiene que respetar el derecho a recurrir a una instancia superior, lo que no queda garantizado si el proceso lo inicia directamente el Tribunal Supremo.