En medio de una crisis galopante de vivienda en Catalunya y en el conjunto del Estado, especialmente en las zonas más pobladas, a finales de enero estalló un escándalo sin precedentes en Alicante por la adjudicación de pisos de protección oficial. Era la primera promoción que se hacía en casi una década en la ciudad y recibió el nombre de Les Naus, donde se construyeron 140 pisos de hasta cuatro habitaciones, con piscina, gimnasio, pistas de pádel y un polideportivo, muy cerca de la playa de San Juan. Entre la lista de afortunados a quienes se les adjudicó un piso se encontraba la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; la directora general de Contratación del consistorio, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal, Francisco Nieto; funcionarios del municipio y también familiares suyos. La gran mayoría dimitieron o fueron destituidos. Ahora, la jueza que investiga las adjudicaciones ha imputado a una quincena de personas por estos hechos, entre ellas la exconcejala popular, la directora general y diez propietarios de estas viviendas que debían ir destinadas a personas vulnerables. 

La jueza instructora, Amparo Rubio, ha citado a los representantes políticos, altos funcionarios de la Administración, técnicos y propietarios a declarar en calidad de investigados. Esta causa se abrió para investigar delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, información privilegiada, grado en la Administración y fraude de ley. Cabe recordar que en la causa hay personadas tres acusaciones populares: Ciutadans, el sindicato de ultraderecha Manos Limpias y el PSOE. El foco está puesto sobre el Ayuntamiento de Alicante, donde, desde el 2018, gobierna Luis José Barcala Sierra, del PP, después de tomar el relevo del PSPV. Ante la noticia de las imputaciones, el alcalde ha asegurado que muestra su "máximo respeto a las decisiones judiciales", afirmando que su equipo en el ayuntamiento ha "ofrecido toda la colaboración" que sea necesaria y que ha "aportado al juzgado todo lo que se ha solicitado". 

Los casos más sonados del escándalo

El caso más destacado es el de la exconcejala de Urbanismo, que dimitió durante su permiso por maternidad al publicarse que uno de estos pisos había acabado en sus manos. Su concejalía (con la de Patrimonio) fue la encargada de tramitar la construcción residencial, impulsando expedientes, por ejemplo. Arquitecta de profesión, había sido la número 3 de la lista del alcalde en las elecciones municipales. Además de Gómez, también viven en este equipamiento su excuñada y su suegro. Otra de las dimisiones a raíz del escándalo fue la de María Pérez Hickman, alta funcionaria del ayuntamiento que abandonó el cargo de directora de Contratación Pública, pero que ha sido recolocada como jefa de Contratación del Ayuntamiento. También se le adjudicó un piso. A ella y a tres familiares directos: dos hijos y un sobrino.