En verano de 2025, Alacant (País Valencià) inauguraba la primera promoción de viviendas de protección oficial en la localidad en más de veinte años: el complejo residencial Les Naus, una urbanización de 8.618 metros cuadrados con piscina, gimnasio, pistas de pádel y polideportivo en una zona privilegiada de la localidad valenciana, en el distrito de la playa de San Juan. Los pisos, 140 en total, son de tres o cuatro habitaciones con garaje y trastero, a un precio de unos 215.000 euros —en una zona, la urbanización de La Condomina, en que los pisos similares cuestan el doble de media—. A finales de este enero estalló el escándalo por la presunta adjudicación irregular de estas viviendas, que ahora Anticorrupción estudia por si se hubiera incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Se encontraban en la lista de beneficiados con piso la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP; la directora general de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; un arquitecto municipal, Francisco Nieto, y otros funcionarios locales, así como algunos de sus familiares —por ejemplo, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman o la excuñada y los suegros de Gómez—. Una vez trascendieron estos hechos, avanzados por el diario alicantino Información, se vieron obligados a dimitir en cascada o han sido cesados ante la presión. Además, el funcionario de la Generalitat Valenciana encargado de dar el visto bueno ha sido suspendido de empleo y sueldo, tras constatarse que había dado visado a su mujer, arquitecta municipal en Alacant, sin contar que eran una unidad familiar.
Hasta cinco miembros de una misma familia con un piso cada uno, incluyendo chicos de 18 años
En la adjudicación también salieron beneficiados con pisos empresarios locales —del sector inmobiliario, la hostelería, la alimentación, la informática o el calzado—, abogados, arquitectos, notarios o médicos conocidos en la ciudad, cuyos apellidos aparecen en algún caso en más de un buzón del mismo complejo residencial. De hecho, se ha advertido que diversos apellidos que aparecern dos o tres veces. La policía local de Alacant ha realizado un informe en el que advierte hasta cinco miembros de una sola familia con un piso cada uno —tres hermanos y dos primos, todos con entre 18 y 24 años—, cerca de 50 empadronamientos aún pendientes, 26 buzones repletos de cartas y publicidad de viviendas en las que aparentmente no vive nadie —cuando estas viviendas deben ser primera residencia de manera obligatoria—.
La lista para la promoción salió en 2018, por lo que el sobrevuela la duda de si los jóvenes de 18 años que han sido beneficiados con un piso se inscribieron con 14 o 15 años o si fueron usados para eludir el tope de ingresos familiares: fijado en 54.000 euros anuales. También se ha advertido que en 89 pisos solo consta un residente o abundancia de familias monoparentales, lo que hace sospechar a la oposición municipal de una mala praxis de ocultar los ingresos de uno de los cónyuges para no sobrepasar el límite para ser adjudicatario de una vivienda protegida.
El requisito económico para acceder a un piso protegido, según la normativa valenciana, es ganar menos de 66.000 euros brutos anuales por familia con hijos o menos de 54.000 en el caso de los solteros. Anteriormente el máximo rondaba los 46.800 y 53.000 euros, si bien el Consell del ahora expresident Carlos Mazón elevó el baremo a finales de 2024.
La oposición denuncia "corrupción" y acude a la Justicia
La inspección piso por piso de la policía municipal la ordenó el alcalde Luis Barcala, del PP, ante un requerimiento de la Generalitat y la presión de la oposición. La intención era verificar la legitimidad de los pripietarios de las viviendas protegidas y investigar las presuntas irregularidades advertidas. El informe se trasladará ahora a la conselleria de Vivienda valenciana. Des de la oposición muncipal, la socialista Ana Barceló habla directamente de "estafa" y acusa al alcalde de "presentarse como un perjudicado, espectador, comentarista o víctima". El PSOE alicantino sostiene que el alcalde es el "responsable político" de esta "trama" y le reprocha la falta de "control" en las adjudicaciones. Desde Compromís, Aitana Mas habla directamente de "corrupción". Incluso Vox ha pedido la dimisión del alcalde Barcala.
Una vez se constararon las irregularidades, el PSOE acudió a la Fiscalía para que se investiguen los hechos, denunciando cinco posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley con relevancia penal. El Ayuntamiento de Alacant y la Generalitat Valenciana lo hicieron poco después, contra el arquitecto municipal implicado y contra el funcionario autonómico expedientado. La vicepresidenta valenciana y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado la creación de un órgano colegiado para sustituir al único funcionario que se encarga de validar los requisitos para acceder a una viivenda protegida. Tras la polémica, Vivienda está realizando una doble verificación de los requisitos de cada beneficiado con un piso protegido.