El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación por lectura única de una proposición de ley que quiere endurecer el régimen sancionador contra las conductas que dañan o ensucian las infraestructuras ferroviarias. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios: todos han votado a favor excepto la CUP, que se ha opuesto, y los Comuns, que han optado por la abstención. La propuesta, presentada por el grupo socialista, plantea modificar la Ley ferroviaria 4/2006 con el objetivo de ampliar y concretar las infracciones relacionadas con los daños al sistema ferroviario. En este sentido, se incorporan acciones como destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier elemento vinculado al servicio, tanto en lo que respecta a las instalaciones como al material rodante, y también se tipifica de manera explícita la realización de grafitis y pintadas en trenes y otros espacios ferroviarios.

Uno de los puntos centrales del texto es el aumento significativo de las sanciones económicas. La reforma prevé triplicar los importes actuales, estableciendo tres niveles de infracción. Las faltas leves podrían comportar desde una simple advertencia hasta multas de hasta 18.000 euros; las infracciones graves se sancionarían con cantidades comprendidas entre los 18.001 y los 90.000 euros; y las muy graves podrían llegar a multas de entre 90.001 y 900.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y de los daños ocasionados.

La limpieza de grafitis supone un gasto de 12 millones de euros

Además, el texto pone énfasis en el impacto económico que tienen estas conductas sobre el sistema ferroviario. Según datos aportados por Renfe, el año 2023 la limpieza de grafitis en los trenes supuso un gasto de 11,6 millones de euros en Catalunya, una cifra que representa casi la mitad del coste total registrado en todo el Estado. Esto equivale a un gasto diario de unos 32.000 euros, hecho que evidencia la magnitud del problema y la presión económica que genera sobre los servicios públicos.

Con la aprobación de este primer paso, se abre ahora un período para que los diferentes grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, tanto a la totalidad del texto como a artículos concretos. Una vez finalizado este proceso, la propuesta se debatirá y se votará de manera definitiva en una próxima sesión plenaria, donde se decidirá si la reforma se aprueba de forma definitiva y entra en vigor.

El diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha reconocido que existe una problemática real vinculada a los grafitis, pero ha advertido que no se puede situar como el principal foco del debate. En este sentido, ha señalado que las afectaciones al servicio ferroviario son mucho más amplias y, en algunos casos, incluso han comportado la supresión de trayectos, perjudicando directamente a los usuarios, que ven limitada su experiencia, incluso por cuestiones como la visibilidad desde las ventanas. Con todo, ha criticado que se ponga el foco en los grafiteros como “chivo expiatorio” por parte de Adif y Renfe, con el objetivo de desviar la atención del mal funcionamiento estructural de la red. Cornellà ha puesto en duda la eficacia de la medida y ha defendido la necesidad de abordar otras causas de las incidencias, como la caída de árboles en las vías. En este punto, ha propuesto impulsar cambios legislativos que permitan a Adif actuar de manera preventiva más allá del dominio público, sin necesidad de permisos, y ha reclamado que la exigencia y contundencia que se quiere aplicar a los grafiteros también se aplique a los gestores ferroviarios.