La Operación Diálogo no lo tiene fácil. Da igual que sea un decorado de cartón piedra o un auténtico giro estratégico del ejecutivo español. El nuevo gobierno de Mariano Rajoy choca antes de cumplir el primer mes de vida con el desafío que le acaban de lanzar los presupuestos de la Generalitat en forma de disposición adicional -la número 31, que prevé partidas para la convocatoria del referéndum independentista- y con una partida de 5,8 millones para procesos electorales y participativos. Ahora toca a Madrid mover pieza ya sea para encajar el golpe o para responder.

De momento, el Gobierno español ha graduado los tensores para evitar que salten las alarmas con la alegría con que lo hacían hasta ahora. "Existen mecanismos para encontrar soluciones a los conflictos", aseguraba ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en los pasillos del Senado, aparte de aplazar la "valoración jurídica" hasta que la ley esté aprobada. La voluntad de Madrid es dejar hasta entonces en manos del PP la respuesta que se circunscribirá, de entrada, a las vías que prevé el Parlament, comenzando por recurrir al Consell de Garanties Estatutàries.

Argumentos, sin embargo, ya hay en el proyecto, sobre todo para un ejecutivo como el de Rajoy que ha llegado a recurrir el debate de las conclusiones de una comisión de estudio del Parlament. Las cuentas que ayer aprobó el Govern y, acto seguido, Oriol Junqueras presentó en el Parlament incluyen, aparte de los 5,8 millones para procesos electorales y participativos, el compromiso explícito, vía disposición adicional, "de habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Catalunya en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".

Abanico amplio

Es decir, un texto que incorpora todas las variables posibles. Desde el escenario -extraordinariamente improbable- de un referéndum acordado con el Estado hasta una convocatoria de acuerdo con una legalidad diferente al actual -por ejemplo, a raíz de la aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica que, según la resolución del último debate de política general, tendrá que estar terminada antes de finales de año.

Un auténtico juego de equilibrios para conseguir contentar las exigencias de la CUP y al mismo tiempo intentar zafarse de la amenaza del Tribunal Constitucional que, en este caso, apuntaría directamente al vicepresident Junqueras.

Por si no fuera suficiente, el proyecto incluiría, como avanzó ayer El Nacional, un fondo de contingencia para garantizar la financiación del referéndum. El vicepresident no quiso confirmar la existencia de esta partida, pero tampoco la desmintió.

Advertencia de los letrados

A pesar de no conocer el contenido preciso del proyecto, los letrados del Parlament advirtieron ayer, cuando las cuentas aterrizaron encima de la Mesa de la Cámara catalana, que podría colisionar con la decisión del Tribunal Constitucional que anulaba la resolución del 9-N y advertía contra posteriores iniciativas que hicieran su despliegue.

En la reunión de la Mesa, C's y PSC votaron en contra de la tramitación del proyecto -el PP no forma parte de este órgano de gobierno parlamentario-, mientras que JxSí -la CUP tampoco tiene voto en la Mesa- votó a favor con CSQP, que quiso hacer constar en acta que el hecho de apoyar la tramitación no significa que apoye el texto.

Réplica de Madrid

A partir de aquí, todos los ojos se han girado hacia Madrid. La pelota está en el tejado del ejecutivo español, que tendrá que decidir la intensidad de la respuesta. Los presupuestos son sólo la primera etapa de un abigarrado calendario antes de que acabe el año cuando tiene que estar terminada la ley de Transitoriedad Jurídica.

El movimiento de ayer, sin embargo, marcará la temperatura real del nuevo gabinete del PP y ofrecerá un perfil más real de la consistencia de la Operación Diálogo.

Hasta ahora, esta operación no se había traducido en gestos concretos. Ni el president, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras, han recibido todavía respuesta a las propuestas que hicieron llegar, respectivamente, al presidente, Mariano Rajoy, i a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para celebrar encuentros en Madrid y Barcelona. A pesar que des de Vicepresidència se ha anunciado que Junqueras acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, lo que podría facilitar un encuentro con Santamaría.

Tampoco ha habido movimientos en el ámbito de los departamentos, como demuestra la negativa con que chocó la petición de la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, a su homólogo el ministro Iñigo Méndez de Vigo en relación a la retirada la disposición de la LOMCE que obliga a la Generalitat a financiar con 6.000 euros la enseñanza en un centro privado a aquellos alumnos que pidan ser escolarizados en castellano. Un 'no' redondo y contundente fue la respuesta.

La Operación Diálogo tenía otra cita, la famosa Conferencia de Presidentes que había anunciado Rajoy para celebrarse de manera inmediata. Puigdemont ya anunció que no acudiría, lo que ha provocado la réplica de la oposición en el Parlament, pero ahora será el mismo Rajoy quien saque la presión dado que la conferencia ha quedado aplazada para el mes de enero, según anunció la vicepresidenta al Senado.