El proyecto de presupuestos del Estado para 2023 vuelve a invertir en Catalunya por debajo de su PIB. La disposición adicional tercera --que está caducada desde 2013 pero el PSOE se ha comprometido siempre a respetar-- establece que la inversión en Catalunya será en un porcentaje equivalente a la aportación catalana al producto interior bruto del Estado español. Es decir, del 19%, según el último dato disponible. Y esta condición se incumple un año más, con una inversión de 2.308 millones de euros, que representa el 17,2% de la inversión total territorializable. Casi dos puntos por debajo, un porcentaje idéntico al de las anteriores cuentas. No obstante, en términos absolutos, hay una mejora: cien millones más que el 2022. Hoy el proyecto de cuentas españolas ha sido presentado por la ministra María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados, y ha defendido a pesar de todo que se cumple con el Estatut. Suma 200 millones que la justicia obliga a abonar.
Respecto de las inversiones corrientes, el Estado prevé invertir un total de 2.308 millones de euros en Catalunya, el segundo territorio que más recibe, como el año pasado, por detrás de Andalucía, que obtiene el 17,2% del total. Son más de 100 millones más que el año pasado, pero sin llegar al 19% de la aportación catalana al PIB estatal. Por detrás de Andalucía y Catalunya se sitúan la Comunidad de Madrid (9,7%), el País Valencià (9,4%), Galicia (8%) y Castilla y León (7,1%). Las Illes Balear reciben 186,9 millones de euros de inversiones, el 1,4% del total territorialitzable. En total se invierten 13.443,93 millones de euros en el conjunto de comunidades y ciudades autónomas. A eso hay que añadir 11.663 millones que no son territorializables o que repercuten en diferentes territorios, y 805 millones que se quieren invertir en el extranjero.
A pesar de los datos, la ministra María Jesús Montero ha defendido que el proyecto de presupuestos cumple con las disposiciones de los Estatutos de Catalunya, el País Valencià y Andalucía. En el caso catalán, desde el Ministerio suman los 200 millones que el Gobierno tiene que abonar a la Generalitat en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 (y que se tendrían que haber invertido ya en el 2008). De esta forma justifican que se llega al 19% de inversiones.
Sea como sea, una cosa es la previsión del proyecto de presupuestos del Estado y otra la ejecución, es decir, lo que finalmente se acaba invirtiendo a la hora de la verdad. Ha sido una denuncia reiterada de muchos gobiernos, como el de la Generalitat. Por ejemplo, la ejecución presupuestaria real del Estado durante el periodo 2015-2018 fue sólo de un 65,9% a Catalunya. En cambio, en la Comunidad de Madrid lo fue del 113,9%, es decir, más de lo que se había presupuestado.
¿Qué harán ERC y Bildu?
Con la presentación en el Congreso de los Diputados, se iniciará el trámite parlamentario, con el objetivo de que los presupuestos estén aprobados para que entren en vigor el próximo 1 de enero. El año pasado, las cuentas salieron adelante gracias a Esquerra Republicana y EH Bildu. Los republicanos, de momento, no las tienen todas. Esta misma mañana, desde Zaragoza, Oriol Junqueras ha asegurado que ve "muy mejorable" el clima de confianza con el Gobierno para acabar dando apoyo a las nuevas cuentas públicas españolas. El líder de ERC ha admitido que todavía no conoce el proyecto con "suficiente detalle" y se ha limitado a decir que ya "se verá". En cualquier caso, ha insistido en que, sin un clima de "confianza", será "más complicado". Fuentes del Ministerio de Hacienda también prevén que la negociación será "complicada".
Por su parte, EH Bildu vuelve a mostrar buena "voluntad y disposición" de cara a la negociación presupuestaria. Fuentes de la formación abertzale señalan que "el Gobierno ha intentado imprimir un marcado carácter social" y que ahora "tendremos que analizar si se traduce en políticas eficaces". La izquierda independentista vasca se abrirá a cualquier tipo de conversación y actuará "con la responsabilidad que le caracteriza", pero al mismo tiempo advierten que serán "muy exigentes".
Gasto social récord
Más allá de las inversiones en Catalunya, los nuevos presupuestos del Estado prevén un nuevo récord en gasto social en plena crisis económica y social por la subida de precios. En total, según Hacienda, serán 266.189 millones de euros, es decir, un 60% de todas las cuentas. Incluye la gratuidad de los abonos de Rodalies para el año que viene, la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, los nuevos permisos de conciliación familiar o una prestación de 100 euros mensuales para familias con menores de tres años.