El Parlament votará el próximo miércoles el proyecto de Ley de los Presupuestos de la Generalitat para el 2017. Uno de los puntos claves en el debate será la disposición adicional 31, que prevé la financiación del referéndum, y que fue declarada inconstitucional y contraria al Estatut por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Ante el dictamen del CGE, la Mesa del Parlament abrió un periodo de enmiendas, que se votarán en el pleno de la próxima semana.

Lejos de mostrar consenso, cada grupo aprovechó para presentar una enmienda propia. El resultado, un Parlament fraccionado en la votación de la disposición adicional 31. Junts pel Sí, aunque no solicitó el dictamen del Consell de Garanties, presentó una enmienda en que asegura que el Govern tiene que garantizar la dotación presupuestaria para el referéndum "teniendo en cuenta el trabajo desplegado por el Pacte Nacional pel Referèndum".

El principal grupo de la oposición, Ciudadanos, presentó una enmienda para suprimir la disposición adicional 31, como también lo hicieron los grupos de PSC y PP. El portavoz de la formación naranja, Carlos Carrizosa, ha lamentado que la Mesa "se salte a la torera las resoluciones del Tribunal Constitucional y el dictamen del CGE" y ha asegurado que "muy probablemente" su grupo advierta, durante el pleno de la semana que viene, sobre la inconstitucionalidad de algunas enmiendas, cómo ya hicieron en el caso de las votaciones sobre el proceso constituyente.

En esta línea, la portavoz del PSC, Eva Granados, ha adelantado que su grupo votará en contra de todas aquellas enmiendas que "tratan de salvar un tema que es insalvable" y, por lo tanto, sólo votarán a favor de la supresión de la disposición de los presupuestos que prevé la financiación del referéndum.

Catalunya Sí Que es Pot, por su parte, registró una enmienda que incluía la financiación del referéndum en caso de que este fuera legal y, por lo tanto, pactado con el Estado. El portavoz de la formación, Joan Coscubiela, ha defendido su propuesta como "un punto de encuentro" ya que "hace compatible la celebración del referéndum con el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries".

El PP, en la misma línea que Cs y PSC, presentó una enmienda para suprimir la disposición adicional 31 ya que "intenta blanquear una disposición que es inconstitucional", en palabras del portavoz Alejandro Fernández.

La CUP también registró una enmienda, en la que pidió suprimir de la enmienda original la parte que hace referencia a "legalidad vigente al momento de su convocatoria".