ETA tiene en este momento 360 miembros encarcelados, de los cuales 280 en España y 80 en Francia, repartidos entre 44 prisiones españolas y 20 francesas (los últimos dirigentes de ETA están casi todos en instituciones penitenciarias francesas). También hay tres etarras detenidos, pendientes de un proceso de extradición, en Suiza, Reino Unido y Portugal. En 1978 se inició, de forma tímida, el alejamiento de algunos presos etarras del País Vasco. Pero fue en 1989, en tiempo de Felipe González, cuando los gobiernos de Francia y España apostaron por el alejamiento sistemático de los presos de su territorio, en la llamada "política de dispersión". La medida, impulsada por el ministro del Interior, Antoni Asunción, y por el de Justicia, Enrique Múgica, tenía como objetivo principal debilitar al colectivo de presos. Se argumentaba que la medida se tomaba para evitar que la banda coaccionara a los presos que se querían distanciar de ella; a pesar de todo, durante lustros los presos mantuvieron una fuerte cohesión. La política de dispersión se ha aplicado desde entonces, tanto por parte de los gobiernos del PP como del PSOE, aunque el gobierno de José María Aznar, en el marco de las conversaciones con ETA, acercó a 135 presos al País Vasco. Hasta ahora, la única posibilidad que tienen los presos de ETA para cumplir condena cerca de sus hogares es optar por la "Via Nanclares": hacer una declaración pública de condena de ETA, que muchos se niegan a hacer. En 2014 el Gobierno vasco pidió oficialmente el retorno de los presos a Euskadi, después de que ETA declarara que abandonaba las armas, pero no ha habido respuesta positiva de Madrid.
Mapa de presos según Etxerat.
¿Disolución?
Desde que ETA anunció el fin definitivo de la lucha armada, el movimiento abertzale reivindica que se acerque a los encarcelados de ETA a las prisiones vascas, alegando que ya no hay peligro de que vuelvan a las prácticas terroristas. Pero el Gobierno español se ha opuesto sistemáticamente a ello. Jorge Fernández Díaz, cuando era ministro del Interior, aseguró que la política de dispersión se mantendría hasta la disolución de la organización, en la línea de lo que defiende actualmente Mariano Rajoy. El nacionalismo vasco, por el contrario, cree que con el desarme ETA ya ha demostrado su voluntad de dejar las armas y que es el momento de que el Gobierno español haga algún gesto.
Resocialización suspendida
La legislación española establece que la pena de prisión tiene que servir para resocializar a los presos y ayudar a que no vuelvan a delinquir cuando salgan del centro. Y para la resocialización se considera esencial que los presos estén en contacto con su entorno inmediato. La dispersión por parte del Estado entra en contradicción con el objetivo de resocialización, porque contribuye al aislamiento de los presos con respecto a su entorno. Por otra parte algunos juristas consideran absolutamente intolerable que la situación de un preso dependa, no de su comportamiento o de su rehabilitación, sino de una organización que actúa más allá de la prisión.
La polémica de los enfermos
El manifiesto de Bayona reclamaba que los presos "que están enfermos o están al final de su condena" sean liberados. Hasta ahora el Gobierno español, en el caso de los presos etarras, ha sido muy reticente a aplicar las medidas de excarcelación de los enfermos graves que establece la propia ley española. Es muy conocido el caso de Josu Uribetxebarria Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara. Estaba en prisión desde 1997, condenado a una pena de 224 años. En 2005 se le diagnosticó un cáncer que se fue agravando. En 2012 un juez de vigilancia penitenciaria decretó su excarcelación por sufrir un cáncer terminal. La fiscalía y varios medios de comunicación emprendieron una fuerte campaña para evitar que saliera de la prisión, pero finalmente fue excarcelado y en 2015 murió del cáncer que sufría.
Los colectivos de familiares de presos
La dispersión de los presos no sólo supone un agravamiento del padecimiento de los presos, sino también de sus familiares, que para mantener el contacto con el preso tienen que hacer largos viajes. El grupo Etxerat, integrado por familiares y gente próxima a los presos, considera que la política penitenciaria supone una vulneración de los derechos humanos de los presos, pero también de sus familiares. Argumentan que los niños se ven especialmente afectados por la ausencia de sus parientes; como están tan lejos, no pueden hacer todas las visitas autorizadas y pierden el contacto con sus progenitores. Etxerat incluso documenta el caso de 16 parientes de presos muertos en accidente de tráfico cuando iban a visitarlos. Por otra parte, algunos juristas apuntan que el tratamiento discriminatorio de los presos de ETA solo sirve para consolidar la solidaridad de sus familiares en torno a reivindicaciones ideológicas y para contraponerlos al Estado. De esta forma se contribuiría al enquistamiento de la violencia.
Justicia restaurativa
Algunos juristas reivindican que, en un caso como el vasco, lo que hace falta es implantar la justicia restaurativa, organizando actos en que se encuentren víctimas y victimarios con el fin de cerrar el trauma. Argumentan que la pena de prisión está orientada a reinsertar al delincuente, pero no piensa en el padecimiento de la víctima. Estas prácticas se han empezado a poner en marcha, pero los expertos apuntan que la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA tiende a frenar estas iniciativas, que hasta ahora solo an sido impulsadas por la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco. Además, hay muchas víctimas que se niegan a participar en este tipo de experiencias.
En Francia, también
Los presos de ETA encarcelados en Francia también han sido sometidos a una política de dispersión. Aquí también ha habido protestas de los presos y sus familiares ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero hace tan sólo unas semanas este tribunal desestimó una denuncia de los familiares de un etarra dispersado, alegando que había mantenido bastantes relaciones con sus familiares desde que encarcelado y afirmando que sus derechos no habían sido vulnerados.
Condenas internacionales
Amnistía Internacional ha condenado la política de dispersión en sus informes: "La política de dispersión de presos va en contra de los estándares internacionales. Según estos estándares los presos y presas tienen derecho a cumplir su condena en un lugar próximo a su residencia habitual siempre y cuando soliciten el traslado de forma individual y sea posible". Por lo tanto, Amnistía ha pedido al Gobierno español que revise su política penitenciaria. A pesar de todo, las instituciones judiciales españolas, en varias ocasiones, han dictaminado que la política de dispersión no viola derechos fundamentales.
Y el problema del GAL
Otro de los asuntos que también se discute en el proceso de paz es la cuestión de las víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), del Batallón Vasco-Español (BVE) y de otros grupos implicados en la guerra sucia contra ETA. Muchos de estos casos fueron investigados superficialmente y hubo muy pocas condenas. La gran mayoría de ellos han quedado impunes y las víctimas de estos ataques piden que se vuelvan a abrir las investigaciones.