Excepcional. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, no presidirá el juicio contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y tres miembros soberanistas de la Mesa, acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional en el 2019. La llamada sala 77 constituida para resolver recusaciones del alto tribunal ha aceptado que Barrientos se aparte del juicio, según una resolución comunicada este viernes por el gabinete de prensa del TSJC. Torrent, a través de su abogado, Andreu Van den Eynde, había recusado al presidente del TSJC porque se marchó de un acto al Colegio de la Abogacía de Barcelona cuando Torrent hizo referencia a los "presos políticos", en febrero del 2018. El exvicepresidente de la Mesa Josep Costa (Junts) también recusó Barrientos y los otros dos jueces que conforman el tribunal por falta de imparcialidad. La sala ha dado la razón a Costa, en considerar que hay dudas sobre la imparcialidad de Barrientos, y el recurso de Torrent lo ha descartado por presentación fuera de plazo.
Así, la sala 77, formada por seis magistrados de las distintas jurisdicciones que hay en el TSJC, estima la recusación formulada por Costa al presidente del TSJC, y eso significa, dice la sala, que "se tendrá que apartar definitivamente" del conocimiento del caso. Por el contrario, la sala desestima la recusación de los magistrados Carlos Ramos y Carlos Mir, que conformaban el tribunal que los tiene que juzgar. Los otros dos acusados y miembros de la Mesa, Adriana Delgado (ERC) y Eusebi Campdepadrós (Junts) se adhirieron a los dos escritos de recusación.
Juicio suspendido
Ahora habrá que ver qué magistrado sustituye Barrientos, que según la normativa el presidente del TSJC tiene que presidir los juicios penales. El juicio se había programado para que empezara el próximo 12 de julio, y finalmente, este mediodía el TSJC ha anunciado que se suspende para conformar un nuevo tribunal, según las normas de reparto y sustitución vigentes. Además, la sala civil y penal del TSJC tiene muy pocos magistrados y, como en el caso del juicio de la Mesa, es habitual que solicite refuerzos de otras secciones para conformar el tribunal. Carles Mir, por ejemplo, está en la sala de apelaciones del TSJC.
Razonamiento
Costa recusó Barrientos por cinco intervenciones suyas y la sala 77 le da la razón por el incidente vivido en el Colegio de la Abogacía de Barcelona entre Torrent y Barrientos, el 23 de febrero de 2018 y afirma que la apariencia de imparcialidad de Barrientos "se debilita". Y concluye: "La sospecha del recusante es legítima y consideramos que está comprometida la apariencia de imparcialidad de Jesús Maria Barrientos". En el vídeo se puede comprobar como Barrientos se levanta y abandona la sala cuando Torrent denuncia la existencia de presos políticos.
La medida es excepcional porque abogados de la primera Mesa del Parlament juzgada y condenada ya lo plantearon y nunca se ha aceptado la recusación de Barrientos. La novedad es que recientemente un magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Ramón Sáez Valcarcel, aseguró que su marcha del acto de la abogacía ante el discurso independentista de Torrent ponía en duda la apariencia de imparcialidad de Barrientos para juzgar Quim Torra, aunque la mayoría del tribunal no le aceptó el recurso de amparo. La sala 77 nombra y comparte el razonamiento de este magistrado. Barrientos, además, tiene el mandato de presidente del TSJC caducado desde el año pasado, como unos veinte cargos más, por el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Procesados
El marzo pasado, el TSJC anunció que enviaba a juicio al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, el republicano Roger Torrent, y los exmiembros de la Mesa de Junts Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, actual secretario para la Administración de Justicia, y Adriana Delgado (ERC) por un delito grave de desobediencia al Tribunal Constitucional en el 2019 por haber permitido dos votaciones soberanistas y contra la monarquía. La fiscalía ya anunció hace meses que pide para los tres primeros 20 meses de inhabilitación a cargo público, y un año y cuatro meses en Delgado para participar en una de las dos votaciones. El partido Vox es acusación popular y les pide el mismo castigo que la fiscalía.