El escrito de defensa de Jordi Cuixart está concebido como un escrito de acusación contra el estado español por la vulneración de los derechos fundamentales. Se presentará mañana por la mañana en el Tribunal Supremo, pero Òmnium ha presentado esta tarde las líneas básicas en las que está basado el escrito de defensa que ha hecho el equipo de abogados de Jordi Cuixart encabezado por Marina Roig y que se presentará mañana por la mañana.
En un acto en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, donde han asistido Josep Costa, vicepresidente del Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant y Carles Riera, de la CUP, y rodeado de juristas, Marcel Mauri ha esbozado el escrito de defensa.
El escrito se basa en la defensa de los derechos fundamentales sin renunciar a los principios y sin ningún arrepentimiento sobre la desobediencia civil pacífica por parte de Jordi Cuixart.
"Estamos viviendo un momento de excepcionalidad. El estado español ha suspendido los derechos fundamentales para preservar la unidad", ha dicho Mauri como introducción del que considera "no un escrito de defensa, sino de acusación que demuestra la vulneración de derechos fundamentales que han sufrido nuestros políticos y los ciudadanos de nuestro país".
Marcel Mauri ha expuesto que "el juicio busca desactivar la tarea de una entidad y de un movimiento que siempre han estado con el fomento y defensa de la lengua catalana, la cultura, la cohesión social y los derechos sociales y políticos de nuestro país". "Nunca renunciaremos al ejercicio de los derechos fundamentales", ha dicho Mauri a la vez que ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil.
Los derechos vulnerados
Sobre la vulneración de los derechos han hablado, durante el acto, varios abogados y las abogadas Gemma Calvet, Magda Oranich y también August Gil Matamala, que han hecho la radiografía de lo que consideran es un "juicio a la democracia".
"Está en peligro la libertad de expresión de todos y todas como derecho fundamental", ha dicho Calvet. "El juicio amenaza a un derecho esencial como es el derecho de reunión pacifica y manifestación. Supone un precedente terrible", ha dicho Oranich. August Gil Matamala ha denunciado la falta de competencia del Tribunal Supremo y que vulnera el derecho a ser juzgado por un tribunal predeterminado por la ley por el hecho de que los procesados sean aforados. "La fragmentación irregular de la causa ha favorecido una investigación bajo secreto y de carácter inquisitivo. Un juicio sin garantías que vulnera el derecho fundamental a un proceso equitativo", ha dicho Gil Matamala.
Todos ellos han denunciado que el poder ejecutivo utiliza al judicial como medida de "castigo". "Se llega al absurdo de acusarlos de rebelión sin violencia", han remarcado calificando el proceso de "desproporción jurídica" para "deshumanizar al rival político", y han calificado el caso de "proceso de laboratorio".
"No se juzgan unos hechos, se juzga una ideología", han remarcado. "Estamos a las puertas de un juicio en que la acusación construye su relato sobre los escombros de los derechos fundamentales, Estamos a las vísperas de un juicio a la democracia", han concluido.