La víspera que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el caso Santos Cerdán, la Cámara Baja ha celebrado un breve pleno para dar curso a la tramitación de la reforma del Reglamento que tiene que permitir echar los agitadores ultras que están acreditados como periodistas y que boicotean las ruedas de prensa. Ha sido una sesión que se ha alargado una hora y media y que ha servido para constatar la soledad del PP y Vox, que son los únicos partidos que se oponen a la iniciativa. Sus enmiendas a la totalidad, que se han votado por separado, han sido rechazadas por 166 votos a favor y 174 votos en contra.

📝 Los periodistas del Congreso se plantan para protestar contra el boicot de agitadores ultras a ruedas de prensa

 

La iniciativa, que está previsto que se apruebe definitivamente el 22 de julio, la impulsaron hace cuatro meses todos los grupos parlamentarios excepto el PP y Vox con el objetivo de establecer unas “normas de convivencia” y unas reglas para “garantizar la labor de los profesionales de la información” y para que los periodistas “puedan desarrollar su trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto”. La modificación incluye la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y se compromete a “regular el procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los diferentes medios” y “fijar los requisitos que resulten exigibles atendida la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la cámara”.

Desde el PP, alegan que el actual Reglamento del Congreso ya atribuye a la presidenta de la Cámara Baja, en el ejercicio de los “poderes de policía” a los que se refiere la Constitución, la responsabilidad de “velar por el mantenimiento de la orden en el recinto del Congreso y en todas sus dependencias” y la faculta para “adoptar cuántas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que lo perturbaran”. Además, recuerdan que el Reglamento también establece que “cualquier persona que, en el recinto parlamentario, sea o no diputado, promueva desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsado”. Eso los lleva a concluir que la reforma del Reglamento no es necesaria.

Por su parte, Vox iba más allá y, aparte de rechazar la modificación, también querían introducir cambios profundos en el funcionamiento del Congreso. De entrada, la formación de Santiago Abascal proponía suprimir el uso de las lenguas cooficiales que se introdujo en septiembre de 2023 después de la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Además, reclamaba regular la fórmula de acatamiento de la Constitución de los nuevos diputados para evitar “fórmulas inválidas” que “alteran, condicionan o limitan el acatamiento” y “vacían de contenido” la promesa porque implican una “voluntad de infringir el marco legal”. Es una clara alusión a los diputados independentistas. Vox también quería recortar a la mitad el número de comisiones parlamentarias, exigir informes jurídicos al presentar proposiciones de ley (las que registran los grupos parlamentarios) y prohibir el préstamo de diputados a la hora de constituir grupo parlamentario.

Las infracciones graves y muy graves en la reforma del Reglamento del Congreso

La reforma contempla como infracciones graves la “grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados”, el “acceso a espacios reservados, como despachos o zonas de reunión”, “interrumpir la orden de las ruedas de prensa u otros encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación” y la “publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable”.

Entre las infracciones muy graves, está la “falta de respeto o a las reglas de cortesía enfrente de otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso a este” o “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”. Las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses y las infracciones muy graves, con una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o con la revocación definitiva de la credencial.