La derecha y la extrema derecha han sido clave este martes con el fin de evitar que el presidente del Gobierno se hubiera visto obligado a comparecer al pleno del Congreso para informar sobre los policías infiltrados en movimientos sociales en Catalunya y el País Valencià. Según informa la agencia Europa Press, el PP y Vox han rechazado en el marco de la Junta de portavoces que se ha celebrado este martes en la cámara española que Sánchez tenga que dar explicaciones sobre este asunto.

La posición de los dos partidos tumba una petición de comparecencia que habían hecho conjuntamente ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, además de Bildu, Más País i Compromís. Contra la comparecencia se han manifestado en contra, además de PP y Vox, Ciudadanos, y los partidos en el gobierno, el PSOE y Unidas Podemos.

La demanda de comparecencia se había registrado el febrero pasado después de que la Directa destapara un nuevo caso de infiltración de una gente de la policía nacional española en movimientos okupas y antisistema de Barcelona y Valencia. Las entidades sociales que se vieron afectadas por esta situación anunciaron que emprenderían acciones legales y pidieron responsabilidades políticas.

Por este caso, los partidos habían ejercido una fuerte presión contra Marlaska, pero el mismo ministro se dedicó a hacer declaraciones justificando la infiltración. De hecho, el titular de esta cartera llegó a decir que la infiltración servía por parado la comisión de actos delictivos. Estas declaraciones levantaron todavía más indignación entre las personas afectadas. En Catalunya es el segundo caso de infiltración que se describe en menos de un año.

El fiasco de los trenes del Cantábrico

A la misma Junta de portavoces se ha rechazado otra petición, en este caso de Ciudadanos, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Foro Asturias, para obligar a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a comparecer en el pleno del Congreso por la polémica de los trenes cuyo diseño no pasaban por los túneles de las comunidades del Cantábrico.

En este caso, la polémica también se acabó convirtiendo en una sucesión de cambios en el organigrama de Adif y Renfe. La semana pasada, incluso, se produjo un relevo en la presidencia de Renfe (el catalán Raül Blanco es el nuevo presidente), y también se relevó el secretario de estado de Transportes (cargo que ocupa ahora David Lucas).

Aunque no se hayan admitido estas comparecencias en el pleno, estos dos temas se podrían llegar a debatir en las comisiones parlamentarias, donde también se ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en la de Transporte, respectivamente.