El traslado de los exconsellers encarcelados en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real a Catalunya ha levantado polvareda en Madrid por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Ambas formaciones acusan al gobierno de Pedro Sánchez de ceder, insinuando o acusándole directamente de ser la contraprestación a ERC, PDeCAT ―y también a PNV por los presos de ETA― de los votos durante la moción de censura. La única formación que ha salido en defensa ha sido Podemos, que tampoco da apoyo a la medida, al considerar que los políticos catalanes no tendrían que estar en la prisión, según Pablo Iglesias.

La propia exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cargado contra la decisión en un acto de la campaña de primarias del PP. "Cuando el PP estaba en el Gobierno, el estado de derecho aplicaba la justicia, y ahora que ha llegado Pedro Sánchez, aplica la política a decisiones que son estrictamente las del estado de derecho", ha expuesto delante de una peña de militantes en el barrio de Salamanca de Madrid. "Ahora se lo paga y a pocas semanas, sin cortarse", ha zanjado sobre ERC y PDeCAT y la expulsión de Rajoy.

Incluso, Santamaría ha insinuado que los presos catalanes tendrían otro trato en territorio catalán. "Las prisiones en Catalunya las gestiona la Generalitat y, por lo tanto, manda a los procesados que estaban en la Generalitat a que sean guardados por la propia Generalitat", ha asegurado.

Desde el PP, el portavoz Rafael Hernando, lo ha vinculado al acuerdo para RTVE, donde el PSOE necesita los votos de ERC y/o el PDeCAT para renovar la cúpula, después de pactarlo con Podemos y el PNV. "No sé si eso responde a una acción premeditada o no, pero es un asunto más que demuestra que el Gobierno tiene que estar permanentemente haciendo concesiones a los populistas de Podemos o a los independentistas", ha añadido sobre el diálogo "sin condiciones" que exigen los republicanos.

El mismo portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, ha opinado en la misma línea, sobre cómo las "hipotecas políticas" de Sánchez serían gestionadas por la consellera de Justícia de ERC, Ester Capella. "Cuando se cierra en falso un golpe de estado institucional, después suceden estas cosas que nos obligan a estar siempre con la sospecha", ha añadido.

Ante esta tesitura, el gobierno de Sánchez ha salido en tromba para justificar que el proceso no se extralimita de la legalidad. "Forma parte del trámite normal de la legislación penitenciaria y es que en la medida en que los presos preventivos ya no tienen que acudir a los llamamientos del juez de instrucción y a las diligencias que se practiquen, lo normal es que, como todos los presos de este país, estén lo más cerca de sus sitios de origen, porque, en definitiva, el arraigo es una de las razones a la hora de que alguien esté en la prisión, es la normalidad", dijo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Desde el PDeCAT también han considerado que era "cumplir la legalidad", según el portavoz Carles Campuzano. "El gobierno español está cumpliendo con la legalidad y anómalo era que no estuvieran en libertad o, si procede, en prisiones catalanas", ha expuesto.

Por el lado de ERC, han encontrado una "vergüenza" que no se hubiera dado antes, según el republicano Joan Tardà.