La ofensiva del Partido Popular contra la ley de memoria democrática no tiene traba. La normativa, que ya superó el trámite del Congreso de los Diputados a mediados de julio, ahora tendrá que continuar su recorrido por el Senado después de las vacaciones de verano antes de poder entrar en vigor. Será durante su camino por la cámara alta que tendrá lugar una escena que promete ser bastante polémica, propiciada por los populares. Y es que los conservadores han solicitado este jueves la comparecencia delante la Comisión Constitucional en el Senado de personalidades "relevantes" de la Transición para que compartan su opinión sobre la ley. Hasta aquí nada fuera del habitual.
Ahora bien, las sorpresas llegan cuando uno se fija en los nombres que propone. En concreto, se reclama la presencia de seis figuras fuertemente vinculadas con los primeros gobiernos de la democracia, los ejecutivos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo de UCD. Hay, por ejemplo, Rafael Arias-Salgado, que fue ministro de Relaciones con las Cortes, ministro de la Presidencia y ministro de Administración Territorial de España durante este periodo. También Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores y anteriormente miembro del Consejo Nacional del Movimiento durante el franquismo. Soledad Becerril, ministra de Cultura entre 1981 y 1982. Hay Juan Antonio Ortega, ministro de Educación y de Universidades e Investigación durante unos meses. Y también Carmela García-Moreno, miembro del Consejo Ejecutivo de UCD.
Pero el último es sin duda el nombre más sonado y sorprendente. Y es que el PP también quiere conocer la opinión de Rodolfo Martín Villa, político español con una tradición democrática, como mínimo, cuestionable. Su carrera política arrancó durante la dictadura franquista, ocupante cargos como jefe del Sindicato Español Universitario, secretario general del Sindicato Vertical y gobernador civil de Barcelona. Después de la muerte de Franco fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales, y fue durante esta etapa que se produjeron los lamentables sucesos de Vitoria. El 3 de marzo de 1976, efectivos de las fuerzas de seguridad desalojaron, haciendo uso de la fuerza, a 4.000 huelguistas reunidos en asamblea en una iglesia. La policía lanzó gases lacrimógenos y disparó pelotas de goma y fuego real a los trabajadores, causando cinco muertos y 150 heridos. En protestas posteriores por la masacre, aún morirían dos personas más. Años después, una comisión del Parlamento Vasco consideraba a Martín Villa responsable de los hechos, y en 2014 Interpol solicitaba la detención preventiva de este, después de que un tribunal argentino lo imputara por crímenes de lesa humanidad.
El PP carga contra EH Bildu
Más allá, la estrategia del PP contra la ley de memoria democrática tampoco sorprende. La portavoz popular Amelia Salanueva ha aprovechado para cargar contra el hecho de que EH Bildu votara favorablemente el texto gracias a un acuerdo con el PSOE. "No solo es un insulto a las víctimas del terrorismo de ETA, sino también un insulto para todos los españoles", ha lanzado. En más, ha lamentado que el proyecto de ley lo hayan escrito "los representantes de los asesinos, secuestradores y extorsionadores que tanto daño han hecho a la sociedad española atacando la vida, la libertad y la democracia". Para el PP, parece que Martín Villa no entra en esta definición.