El Partido Popular y el PSOE se han quedado solos en la votación del Senado para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que se integrarán en la institución con un reto principal en el horizonte: el avance de la hoja de ruta y la celebración del referéndum en Catalunya. Podemos no ha votado, aunque se ha quedado en la sala tras intervenir en el debate; ERC y PdeCAT han salido, una vez hecho el discurso; y el PNV no asistió a la comisión de la semana anterior, ni tampoco ha ido al pleno. La cuestión territorial aglutina el rechazo de los nacionalistas y la "politización" a la 'nueva política'.
Cándido Conde-Pumpido (197 votos), María Luisa Balaguer (204), Ricardo Enríquez (207) y Alfredo Montoya (207) son los nombres resultantes del pacto entre el tándem bipartidista –los dos primeros promovidos por los socialistas, y los otros dos, por los populares– que serán elevados al Jefe del Estado, el rey Felipe VI, para su nombramiento formal, según indica la Constitución.
El resultado es al 50%, aunque el PP tiene más del doble de senadores (149) que los socialistas (62). Llega después de que los 15 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos expusieran su currículum en comisión constitucional. También se quedaron solos entonces: Catalunya –Junts pel Sí y la CUP– se negaron a enviar propuesta para un tribunal que ven "politizado", y el gobierno del País Vasco tampoco lo hizo, bajo el argumento que es el resolutor de los recursos competenciales que presenta la Moncloa contra el autogobierno vasco.
Desde el mismo Senado, Podemos no ha querido integrar el pacto, ni tampoco fue requerido por PP y PSOE. "Es la tercera cámara de nuestro sistema, y supone un deterioro de la democracia excusarse en la jerga constitucional para designar al TC en función de afinidad" denunciaba el senador Ramon Espinar. Al PNV sí que lo sondearon, sin embargo. Ciudadanos no tiene presencia en la cámara alta, aunque tampoco propuso ningún magistrado desde los parlamentos donde participa de pactos de investidura.
Pero al PP no le han sentado bien los argumentos de la oposición. Fuentes de ERC resaltan el "malestar" cuando la senadora Mireia Cortés ha intervenido. "Es un tribunal totalmente politizado, en ningún caso independiente y que cumple el mandato del gobierno del Estado, en manos del PP y el PSOE, con un pacto precocinado", ha dicho. "Este TC es el brazo jurídico del nuevo españolismo, que quiere acabar con el Estado de las autonomías para convertir las naciones del Estado español en simples regiones" ha sentenciado.
El PDeCAT ha suscrito los argumentos de ERC y ha introducido uno de relevancia para el proceso soberanista. Josep Lluis Cleries ha recordado que a finales de la X legislatura, PP y PSOE reformaron "de forma urgente y sin consenso" la Ley orgánica permitía en el TC suspender políticos. Está ahora ya en proceso de cambio, después de que hace unas semanas el Congreso votara a favor que el TC sólo pudiera multar. La Moncloa intentó hasta el final presionar a los socialistas para que no dieran "oxígeno" al independentismo. Ahora el ejecutivo central trabajará para que durante el proceso de tramitación de la ley el PSOE se haga atrás.
Pero Ferraz no acepta el cuerpo a cuerpo que le ha planteado la formación morada. Espinar les ha desafiado a dejar de lado sus pactos con los populares. "No compren las argumentaciones de la derecha de toda la vida. Quedan ustedes retratados como una muleta del PP", ha dicho. El senador socialista, Vicente Álvarez Areces, lo ha acusado de "denigrar" un modelo "similar al de otros países europeos. Estamos incluso por encima de otros procedimientos más centrados en el ejecutivo", se ha justificado. El pacto nunca ha sido reconocido por Ferraz, de hecho, el grupo socialista en el Congreso se ha negado a ofrecer información de lo mismo a sus diputados, como adelantó El Nacional.
Estos jueces tienen que reemplazar al actual presidente del Tribunal, Francisco Pérez dels Cobos, la vicepresidenta, Adela Asúa y el difunto magistrado Luis Ortega. Enríquez ya ejercía como magistrado 'de facto' del TC desde hace tres años, después de la muerte de Francisco José Hernando. Pérez de los Cobos suscitó en su momento polémica: fue militante del PP entre 2008 y 2011 y creció en un ambiente familiar de ultraderecha –su padre llegó a ser candidato al Congreso por la Fuerza Nueva de Blas Piñar-.
El siguiente paso del proceso de renovación del Alto Tribunal es escoger al nuevo presidente, de entre los 12 magistrados, en su pleno. El nombre que suena es Andrés Ollero, 17 años diputado del PP. Eso ha llevado al PSOE a poner el grito en el cielo, como también a Cs. Albert Rivera propuso renovar la ley para que los jueces hagan una tarea "independiente", no puedan tener un pasado con afiliación partidista, y no sean escogidos por los políticos. "Somos el país, junto con Italia, que replica el parlamentarismo en el poder judicial. Parecen escaños, prácticamente", dijo.
Así las cosas, nadie descarta que el bipartidismo vuelva a actuar. "Si el PSOE se asegura la vicepresidencia del TC, saldrá adelante Ollero", decía una fuente sobre el clima imperante entre el resto de grupos del Senado.